Emmanuel Macron condenó las amenazas contra la jueza que sentenció a Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión en Francia

El presidente francés Emmanuel Macron calificó de “inaceptables” los ataques y amenazas de muerte que han recibido varios magistrados, entre ellos Nathalie Gavarino, quien presidió el tribunal que impuso al ex mandatario Nicolas Sarkozy una pena de cinco años de cárcel por asociación ilícita.

Macron subrayó que “el Estado de derecho es la base de nuestra democracia” y que la protección de los jueces constituye uno de sus pilares esenciales. La reacción del jefe del Estado se produjo tras la apertura de investigaciones judiciales por parte de la fiscalía de París y en medio de una ola de condenas institucionales y políticas.

El mandatario francés, en una declaración difundida por la Presidencia, explicó que solicitó a los ministros de Justicia y del Interior en funciones, Gérald Darmanin y Bruno Retailleau, que se identificara y procesara a los responsables de las amenazas “tan pronto como ocurrieron”.

Macron insistió en que las decisiones judiciales pueden ser objeto de debate público, pero siempre dentro del respeto a todos los actores implicados. Por su parte, Darmanin afirmó que “la intimidación y las amenazas de muerte contra jueces son absolutamente intolerables en una democracia” y reiteró su condena “sin reservas” a estos hechos.

Las amenazas contra la jueza Gavarino, que incluyeron mensajes intimidatorios y la difusión de su fotografía en redes sociales, motivaron la apertura de dos investigaciones por parte de la fiscalía de París. Los mensajes, recibidos tras el anuncio de la condena a Sarkozy el jueves, alertaron a la comunidad judicial por su gravedad y por el hecho de que el caso no está vinculado al crimen organizado, ámbito en el que este tipo de intimidaciones es más habitual.

Aurelien Martini, secretario general del sindicato USM, declaró a BFMTV que “para un juicio que no tiene nada que ver con el crimen organizado, esto es un nuevo paso”. La condena impuesta a Sarkozy, de aplicación inmediata pese a la apelación presentada por el exmandatario, lo convierte en el primer expresidente francés de la posguerra que debe cumplir una pena de prisión.

El respaldo institucional a la jueza y la condena de las amenazas han sido unánimes en el sector judicial. El Sindicato de la Magistratura, de tendencia izquierdista, denunció el “ensordecedor” silencio inicial del presidente y subrayó que “los magistrados tienen derecho a expresarse en su condición sindical sin que se cuestione su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) condenó enérgicamente los ataques personales y las insinuaciones de parcialidad dirigidas a los jueces que participaron en el caso Sarkozy. Jacques Boulard, presidente del Tribunal de Apelación de París, hizo un llamado a respetar la independencia de los tribunales y rechazó las acusaciones de falta de imparcialidad.

El caso que ha desencadenado esta crisis institucional se remonta a la condena de Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, al considerarse probado que organizó una trama para obtener fondos del régimen de Muamar Gadafi destinados a su campaña presidencial de 2007. La jueza Gavarino presidió el tribunal que dictó el veredicto, aunque la decisión fue adoptada de forma colegiada por tres magistrados.

Sarkozy, de 70 años, ya ha presentado un recurso de apelación, pero la sentencia establece que la pena debe cumplirse de inmediato. En una entrevista con Le Journal du Dimanche, el exmandatario sostuvo que habría sido “preferible, sin duda” que Gavarino fuera sustituida, aludiendo a supuestas manifestaciones previas de la jueza en su contra durante su presidencia. Además, se declaró víctima de un “complot” y denunció la “violación de todos los límites del Estado de derecho”.

Las reacciones políticas y mediáticas no se han hecho esperar. Sectores conservadores y de extrema derecha han cuestionado la imparcialidad del tribunal. El diario Le Figaro calificó el fallo de “absurdo e incomprensible” y sostuvo en un editorial que no existían “pruebas tangibles” de los delitos imputados a Sarkozy. El propio expresidente, en declaraciones a la prensa tras la sentencia, consideró el veredicto “extremadamente grave para el Estado de derecho”. Paralelamente, el caso de Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, ha servido de precedente: tras su condena por malversación y la prohibición de presentarse a elecciones durante cinco años, la jueza responsable también fue objeto de amenazas y requirió protección policial.

El debate sobre la independencia judicial y la protección de los magistrados se ha intensificado en Francia a raíz de estos episodios. Tanto el Sindicato de la Magistratura como el Consejo Superior de la Magistratura han insistido en que la crítica a las decisiones judiciales debe realizarse dentro del marco del respeto institucional y sin recurrir a ataques personales. La comunidad judicial advierte que la integridad del Estado de derecho depende de la capacidad de los jueces para ejercer sus funciones sin presiones ni intimidaciones.

En este contexto, la defensa de la independencia de los magistrados se presenta como un elemento esencial para la vigencia de la democracia francesa, ya que cualquier ataque personal contra quienes imparten justicia pone en riesgo los fundamentos mismos del Estado de derecho.