Un juez sirio ha emitido una orden de arresto en ausencia contra el ex presidente Bashar al Assad por presuntos crímenes cometidos contra la población de la provincia meridional de Deraa durante las revueltas populares iniciadas en su contra en 2011, informó este sábado la agencia oficial de noticias, SANA.
La orden, que menciona delitos de “asesinato premeditado, muerte por tortura y privación de libertad”, podrá ser puesta en circulación en el futuro a través de la Interpol y permitirá que el caso tenga legalidad a nivel internacional, dijo a SANA el magistrado en Damasco Tawfiq al Ali.
Según la fuente, la medida fue adoptada después de que una serie de familias de los afectados presentaran una denuncia por incidentes registrados durante un estallido de violencia en Deraa en noviembre de 2011, sin ofrecer más detalles.
Al Assad se encuentra exiliado en Rusia desde diciembre del pasado año, cuando huyó en medio de la ofensiva de grupos islamistas y opositores que avanzaron rápidamente desde el noroeste del país y derrocaron a su régimen en cuestión de semanas.
Los órganos de seguridad del régimen de Al Assad están acusados de hacer desaparecer a decenas de miles de personas durante el conflicto iniciado a raíz de las protestas de 2011, cuando aplacaron brutalmente a manifestantes, activistas y opositores.
Con su derrocamiento el pasado año, unos 30.000 desaparecidos fueron hallados al abrirse las antiguas cárceles manejadas por su Gobierno, pero muchísimos más continúan en paradero desconocido y las nuevas autoridades continúan reportando el hallazgo de fosas comunes.
Esta orden, fundada en una denuncia presentada por familiares de las víctimas de Deraa, abre la puerta a la emisión de una orden internacional de arresto a través de Interpol.
El presidente de la Comisión Nacional para la Justicia Transicional en Siria, Abdulbasit Abdul Latif, ha confirmado la apertura de canales de comunicación con Interpol y otras organizaciones internacionales para perseguir a Al Assad y también a su hermano, Maher, acusados de graves delitos.
Abdul Latif ha explicado en una entrevista con Al Arabiya que la Comisión trabaja para perseguir a los responsables del antiguo régimen a través de vías legales. “Quienes han huido de Siria no van a escapar de la justicia”, ha advertido.
Este proceso no se limitará a las fuerzas de seguridad, sino que también afectará a quienes “apoyaron o justificaron los crímenes”, incluidas instituciones, empresarios y quienes fomenten estas narrativas al amparo del Artículo 49 de la Declaración Constitucional siria, que tipifica la negación del genocidio.
Las fuerzas rebeldes, encabezadas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y sus facciones aliadas, tomaron a principios de diciembre de 2024 Damasco tras una ofensiva relámpago que provocó la caída Al Assad, que huyó junto a su familia a Rusia.
(Con información de EFE y Europa Press)
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