Dos ciudadanos rusos condenados por colaborar con Ucrania se fugaron de una prisión en Yekaterimburgo

Dos ciudadanos rusos condenados por terrorismo se fugaron de una prisión de la ciudad de Yekaterimburgo, en los Urales, según informaron este lunes medios locales rusos. Ambos, Iván Kriúkov y Alexandr Cherepánov, de 24 años, estaban acusados de colaborar con Ucrania y enfrentaban condenas de nueve y siete años respectivamente, por un intento de atentado terrorista.

Las autoridades los habían detenido en mayo de 2023, cerca de una oficina de reclutamiento militar en la región de Yekaterimburgo, cuando portaban un bidón de gasolina. Según la investigación policial, agentes de los servicios secretos ucranianos les habían prometido una recompensa de 40.000 rublos (unos 500 dólares) por incendiar el edificio. Los fugitivos fueron descritos como “dos chicos rusos de lo más normales. Siempre fueron tranquilos”, afirmó un amigo citado por el canal de Telegram E1.ru. El mismo medio recogió el testimonio del criminólogo Danil Serguéyev de la Universidad Jurídica Estatal de los Urales, quien indicó a la falta de personal penitenciario como una de las principales causas de este tipo de incidentes en los centros de detención.

La fuga se produce en un contexto de creciente severidad judicial en Rusia ante cualquier vínculo con Ucrania tras el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. El endurecimiento de las penas, bajo cargos de terrorismo, extremismo y traición, busca disuadir la colaboración o incluso la simpatía hacia el país vecino. Este mismo lunes, la Justicia rusa condenó a seis años de prisión por terrorismo a Alexéi Shoshin, de 18 años, por haber intercambiado mensajes con la Legión de la Libertad de Rusia, un grupo de voluntarios que combate del lado ucraniano.

En abril de 2024, un tribunal militar sentenció a Vladlen Menshikov, de 29 años, a 14 años de cárcel por, según la acusación, cooperar con la Legión de la Libertad de Rusia en la organización de actos de sabotaje contra infraestructuras ferroviarias en los Urales. En agosto, la bailarina ruso-estadounidense Ksenia Karelina fue condenada en Ekaterimburgo a 12 años de prisión por traición, después de haber realizado una donación de aproximadamente 52 dólares a una organización humanitaria ucraniana, según la acusación fiscal. El Gobierno de los Estados Unidos y organismos de derechos humanos denunciaron el caso como muestra de represión política.

En marzo de 2025, el británico James Scott Rhys Anderson, de 22 años, recibió una condena de 19 años de prisión bajo acusaciones de participar como mercenario en la región rusa de Kursk en apoyo a Ucrania. La defensa sostuvo que su implicación era voluntaria y que no recibía compensación, mientras que la fiscalía se basó en la legislación rusa que sanciona la colaboración militar extranjera con el conflicto.

Las autoridades han extendido la vigilancia y la persecución judicial también sobre ciudadanos comunes y organizaciones civiles, utilizando una definición amplia de terrorismo y traición para perseguir tanto actos de sabotaje como expresiones de apoyo en redes sociales. Numerosos jóvenes han sido arrestados en distintas regiones rusas por comunicación con combatientes ucranianos, según detallan medios rusos.

El sistema penitenciario ruso afronta además déficits estructurales, como la escasez de personal y las condiciones precarias de las cárceles. En 2024, se registraron fugas en otras regiones, entre ellas Lipetsk, donde reclusos escaparon excavando un túnel. Estas deficiencias no han impedido que, bajo el liderazgo de Vladímir Putin, la represión judicial se consolide como un instrumento clave de control político y social en el marco de la guerra contra Ucrania.