Masacre en la República Democrática del Congo: Human Rights Watch denunció más de 300 ejecuciones de civiles por el grupo rebelde M23 y fuerzas ruandesas

Un episodio de extrema violencia sacudió el este de la República Democrática del Congo (RDC) durante julio de 2025. El grupo armado M23, respaldado y controlado por el gobierno de Ruanda, perpetró ejecuciones sumarias contra civiles en al menos catorce aldeas y zonas agrícolas situadas principalmente en el territorio de Rutshuru, provincia de Kivu del Norte.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció que más de 140 personas, en su mayoría de la etnia hutu, fueron asesinadas durante una ola de ataques. Estimaciones de la ONU advierten que el número real de víctimas podría superar las 300, en uno de los episodios más graves atribuidos al M23 desde 2021.

El este del Congo continúa como uno de los escenarios más complejos de África. Según Naciones Unidas, la zona alberga valiosos recursos minerales y es disputada por más de cien grupos armados, entre ellos el M23, integrado principalmente por tutsis congoleños y directamente vinculado con Kigali. Desde el resurgimiento del M23 en 2021, la región registra desplazamientos masivos y recurrentes abusos a los derechos humanos.

Según detalla Reuters, el 27 de junio, Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, que exigía la retirada de tropas ruandesas, la neutralización del grupo FDLR y garantías para la seguridad de la población civil. El pacto buscaba, entre otros puntos, permitir el libre tránsito de la misión de paz de la ONU, MONUSCO.

Sin embargo, el informe de HRW evidencia la distancia entre los compromisos diplomáticos y la realidad sobre el terreno, además de la débil sustancia de lo acordado en las negociaciones.

Cronología de la masacre: terrorismo contra aldeas y campos agrícolas

Entre el 10 y el 30 de julio, organizaciones internacionales documentaron ejecuciones sumarias en Busesa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katwiguru, Kihito, Kiseguru, Kongo, Lubumbashi, Nyamilima, Nyabanira y Rubare, todas controladas por el M23. Las víctimas eran, principalmente, agricultores de la etnia hutu; también se reportaron asesinatos de personas nande.

Las operaciones del M23 habrían formado parte de una ofensiva militar contra el FDLR y otros grupos armados rivales situados junto al Parque Nacional Virunga.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó el 6 de agosto que al menos 319 civiles habrían sido ejecutados por el M23 y fuerzas ruandesas entre el 9 y el 21 de julio, cifra validada por fuentes militares y testigos. HRW también recabó información sobre la ejecución de otros 41 civiles entre el 30 de julio y el 8 de agosto, aunque estos hechos no pudieron verificarse de forma independiente.

Relatos de sobrevivientes: brutalidad, miedo y control

Según la agencia AP, los testimonios recogidos por HRW retratan una violencia extrema. Una mujer relató cómo fue obligada a presenciar la muerte de su esposo a machetazos y, junto a unas setenta mujeres y niños, fue alineada al borde de un río donde los rebeldes abrieron fuego. Según el informe, al menos cuarenta y siete personas fueron asesinadas en ese episodio; la mujer sobrevivió tras permanecer sumergida en el agua, sin ser alcanzada por las balas.

Otro testigo describió cómo vio desde lejos la ejecución de su esposa y sus tres hijos, de nueve meses a diez años. El M23 ordenó a los aldeanos enterrar los cuerpos en los campos o arrojarlos al río, impidiendo funerales y generando un clima de opresión y temor.

Se documentaron ataques adicionales contra quienes intentaron regresar a los campos para buscar alimentos. Médicos locales trataron a sobrevivientes, incluidos niños menores de dos años, con heridas de bala y machete.

Acusaciones, contradicciones y llamados internacionales

HRW sostiene que las masacres fueron parte de una estrategia sistemática para desestabilizar la presencia del grupo FDLR y fortalecer el control regional, con la complicidad del gobierno de Ruanda.

El 1º Batallón de la 1ª Brigada del M23, liderado por el coronel Samuel Mushagara y el general Baudoin Ngaruye (sancionado por la ONU), habría dirigido las operaciones. El informe identifica la presencia de altos mandos rebeldes y efectivos ruandeses en las áreas de la masacre.

El gobierno de Ruanda negó toda implicación y culpó a milicianos Hutu del grupo CMC-Nyatura, enemigos del M23, según una declaración oficial citada por HRW.

A su vez, el M23 y la Alliance Fleuve Congo rechazaron las acusaciones de la ONU y sostuvieron que sus territorios estaban pacíficamente administrados, calificando los señalamientos como campañas de desprestigio.

Las demandas de HRW y Amnesty International incluyen el aumento de sanciones a los responsables, la detención y procesamiento de los comandantes implicados y el ingreso de equipos forenses internacionales a las zonas ocupadas, con el objetivo de preservar y analizar pruebas de crímenes de guerra. Además, se instó a donantes internacionales a revisar cualquier cooperación militar con Ruanda para evitar apoyo indirecto a nuevas violaciones.

Impunidad, terror sobre la población y desplazamientos masivos: así sintetizan las ONG la situación tras la reciente oleada de violencia, mientras la Corte Penal Internacional ha anunciado que renovará las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por el M23 y fuerzas asociadas en Kivu del Norte.

(Con información de Reuters y AP)