La Unión Europea (UE) devolvió a Washington la última versión del borrador que debe sellar el acuerdo de julio para evitar una guerra arancelaria. “Hemos enviado de vuelta el borrador de declaración conjunta a Estados Unidos”, dijo un portavoz de la Comisión Europea. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantiene contacto directo con sus contrapartes estadounidenses, Howard Lutnick y Jamieson Greer. “El trabajo continúa”, añadió.
El acuerdo marco, cerrado a fines de julio, prevé una concesión significativa: Estados Unidos aplicará un arancel máximo del 15% a la mayoría de las importaciones europeas (unos 70% del comercio total entre ambas regiones), mientras que la UE se compromete a adquirir energía y material militar estadounidense por un valor estimado en cientos de miles de millones de dólares.
Ese pacto evitó lo que hubiera sido un conflicto arancelario más dañino. El presidente estadounidense amenaza, sin concretar, con aranceles del 30% o incluso superiores. El nuevo marco reduce esa amenaza a la mitad, aunque sigue planteando crecientes fricciones comerciales.
A pesar del avance político, persisten los desacuerdos. Según Financial Times, la traba principal radica en la regulación digital: Estados Unidos presiona por concesiones respecto a la Ley de Servicios Digitales de la UE, considerado por Bruselas como “no negociable”. Además, la Casa Blanca ha frenado el envío de una orden ejecutiva que reduciría los aranceles automotrices del 27,5% al 15%, pendiente de definirse en la declaración conjunta.
También tensionan la temporalidad y los detalles sectoriales. Se espera que el acuerdo limite aranceles en productos estratégicos como automóviles, semiconductores y productos agrícolas, pero dichos mecanismos todavía no están definidos ni respaldados legalmente por la Casa Blanca.
En un artículo reciente, Financial Times señala que la UE fue presionada por Trump hasta aceptar un acuerdo más beneficioso para EEUU: “El acuerdo aceptó concesiones significativas —como aranceles del 15% frente a cero para los bienes estadounidenses y mayores compras de energía y defensa— bajo la creencia de asegurar el compromiso estadounidense con la seguridad europea y la defensa de Ucrania”.
Otras voces también cuestionan el coste político: el editorial del Wall Street Journal critica el acuerdo y lo considera una renuncia a objetivos críticos. Destacan, además, que incluso ahora continúa la tasa del 50% sobre acero y aluminio, y que no se abordaron otros temas como impuestos digitales o normas agrícolas. En el mismo texto, se señala que el acuerdo podría de hecho encarecer los medicamentos para los consumidores estadounidenses.
Financial Times también relató cómo la UE cedió ante lo que describe como “el rodillo arancelario de Trump”. Subraya que Trump superó la capacidad de reacción rápida del bloque, que venía preparando una estrategia coordinada de represalias. Las divisiones internas y los contextos geopolíticos (OTAN, Ucrania) debilitaron su posición. Al final, la UE cedió a un arancel general del 15%, aunque no sobre acero, lo que simboliza una victoria parcial para el proteccionismo estadounidense.
La escalada comenzó a principios de 2025, cuando Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio en marzo, escalando al 50% en junio. Las amenazas se extendieron a autos, productos farmacéuticos, semiconductores y hasta servicios digitales, bajo el paraguas de la política de aranceles recíprocos. En abril, anunció aranceles generalizados denominados “Liberation Day”, aunque luego muchos fueron bloqueados judicialmente por exceder la autoridad ejecutiva.
Frente a esta presión, la UE respondió con propuestas de represalias. Bajo amenazas crecientes, la Unión finalmente alcanzó el entendimiento de julio, aunque manteniendo reservas sobre su solidez futura.
La conclusión de la declaración conjunta resulta clave para estabilizar el comercio transatlántico. La Comisión Europea sostiene que, una vez acordada, será una plataforma para seguir colaborando con Washington en reducir aranceles adicionales.
Sin embargo, la falta de claridad legal —sobre inversiones, plazos sectoriales y excepciones— genera incertidumbre. Funcionarios europeos insisten en que el cumplimiento, especialmente sobre compras energéticas y militares, depende de que la declaración adquiera fuerza ejecutiva real.
Mientras tanto, en varias capitales de la UE persiste el recelo. La ratificación interna de este acuerdo podría complicarse por la percepción de que se sacrifica competitividad industrial europea por preservar la alianza estratégica.
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