Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica de contenedores, lo que provocó que las escalas de buques se trasladen a otros destinos.
El puerto de Algeciras formaba parte de un acuerdo de intercambio de rutas entre las costas Este y Oeste de Estados Unidos, y puertos de Japón, Corea del Sur, China e India, esenciales para cadenas de suministro con impacto económico y logístico.
El acuerdo, activo desde febrero pasado, fue modificado en junio tras una enmienda que suprimió la participación española, según informó el periódico ABC. Las empresas navieras implicadas, bajo supervisión oficial estadounidense, justifican el cambio citando motivos operativos y de recorte de costes, pero la decisión coincide con una investigación de la Comisión Marítima Federal de EEUU sobre la negativa de escalas en Algeciras a buques con destino a Israel.
En una comparecencia ante la Cámara de Representantes, la comisionada Rebecca F. Dye anunció que la Comisión publicará sus hallazgos sobre las prácticas españolas durante este año. Dye explicó que la única respuesta del Gobierno de España a la investigación fue una carta redactada por un bufete, en la que, según ella, “habla de su soberanía más que en las razones para denegar el acceso a puerto”.
A este conflicto se suman otras tensiones políticas y de defensa, como el contrato del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei para el almacenamiento de secretos oficiales, bajo análisis de la inteligencia estadounidense. Además, persiste la controversia por la negativa española a adquirir cazas F-35, interpretada en EEUU como un alejamiento, a pesar de la importancia de las bases conjuntas en Rota y Morón para la OTAN y las operaciones estadounidenses en el Mediterráneo y África.
Según fuentes de la Comisión consultadas por ABC, si se confirman las infracciones, España podría enfrentarse a sanciones que incluyen multas de hasta dos millones de euros por viaje para barcos con bandera española y la negativa de entrada a Estados Unidos. También se estudian restricciones al transporte de carga y otras medidas que afectarían directamente el comercio bilateral.
El acuerdo, del que ha quedado excluido España, implicaba a American President Lines y Maersk Line Limited, empresas que participan en el Programa de Seguridad Marítima de EEUU (PSM), el cual mantiene una flota mercante disponible para el Pentágono en situaciones de crisis y operaciones militares.
La expulsión siguió a la negativa de España a permitir la escala en Algeciras de los portacontenedores estadounidenses Maersk Denver y Maersk Seletar en noviembre de 2024, incidente que motivó la investigación federal por supuestas condiciones desfavorables al comercio de Estados Unidos.
La revisión del acuerdo eliminó también a Omán y Emiratos Árabes Unidos, y prioriza ahora el puerto marroquí de Tánger-Med.
El tráfico marítimo entre Estados Unidos y España representa aproximadamente 750.000 TEU anuales, cerca del 4% del total español. La exclusión de España incrementa los costes logísticos, retrasa la llegada de insumos industriales y reduce la competitividad de las exportaciones españolas. Esto puede favorecer rutas alternativas fuera de la Unión Europea, disminuyendo la relevancia de los puertos españoles en el tráfico transatlántico.
En respuesta oficial a la Comisión Marítima Federal, el Gobierno español comunicó el 26 de febrero que la negativa de escalas obedeció a la obligación de impedir que armas o artículos se utilicen para cometer “genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes civiles u objetos protegidos, o demás crímenes de guerra tal como se definen en los acuerdos internacionales de los que es parte”.
El documento defendió la soberanía española sobre sus puertos y recomendó encontrar rutas alternativas, un escenario que ya se ha materializado con la modificación del acuerdo.
EEUU suspendió el intercambio de inteligencia con España
La semana pasada, Estados Unidos decidió evitar el intercambio de información sensible con España luego de que fuentes policiales del país europeo, involucradas en las negociaciones con Huawei, confirmaron que la CIA había elaborado un informe previo sobre los riesgos de adjudicar a la empresa china la gestión de escuchas judiciales y policiales en España.
Este informe, según las mismas fuentes, fue determinante para que el Gobierno estadounidense considerara la situación como un asunto de máxima gravedad, al punto de analizar la existencia de lo que denominan “backdoors” en los sistemas gestionados por compañías chinas. En términos técnicos, una “backdoor” es una puerta trasera en un sistema informático que permite el acceso no autorizado a los datos, incluso si el sistema aparenta estar protegido.
La preocupación de los servicios de inteligencia estadounidenses radica en que estos accesos ocultos podrían facilitar el espionaje por parte de China, especialmente cuando la empresa proveedora, como Huawei, está legalmente obligada a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing.
En este contexto, Estados Unidos ha decidido poner en cuarentena sus intercambios de datos de inteligencia con España, una medida que, según fuentes policiales, responde a la percepción de deslealtad del Gobierno de Pedro Sánchez.
La decisión se produjo tras la adjudicación a Huawei de un contrato valorado en 12,3 millones de euros para suministrar servidores al sistema SITEL, la plataforma utilizada por las fuerzas de seguridad españolas para intervenir comunicaciones bajo autorización judicial.
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