Las autoridades de Hong Kong reforzaron este lunes su campaña contra 16 activistas pro-democracia que se encuentran fuera del país, acusados de poner en riesgo la seguridad nacional. Las nuevas medidas incluyen la prohibición de brindarles apoyo financiero, la revocación de sus pasaportes y restricciones para cualquier vínculo comercial o inmobiliario con ellos.
Los activistas forman parte de un grupo de 19 personas contra quienes ya se habían emitido órdenes de arresto en julio, por su presunta vinculación con el llamado “Parlamento de Hong Kong”, una organización que opera desde el extranjero y que, según la policía, actúa como una fuerza subversiva. La entidad no tiene reconocimiento oficial ni influencia real sobre la legislatura de la ciudad.
Entre los sancionados se encuentran el periodista Victor Ho, el activista Keung Ka-wai, el académico australiano Chongyi Feng y la ciudadana estadounidense Gong Sasha, informó el gobierno de Hong Kong en un comunicado. Tres de los 19 activistas originales ya fueron objeto de medidas similares el año pasado.
Además, se les prohibió recibir alquileres, formar empresas conjuntas o manejar fondos en el territorio. Quienes incumplan estas disposiciones podrían enfrentar hasta siete años de prisión.
Las autoridades afirmaron que los activistas —radicados en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Tailandia y Taiwán— siguen participando en actividades contrarias a la seguridad nacional, además de incitar al odio contra Beijing y Hong Kong mediante difamaciones y calumnias.
“Tomamos estas medidas para que tengan un efecto concreto”, explicó el gobierno local en un comunicado.
Beijing impuso en 2020 una estricta Ley de Seguridad Nacional que eliminó prácticamente toda manifestación pública de disenso, tras las protestas masivas que sacudieron a la ciudad en 2019. Desde entonces, decenas de activistas han sido encarcelados o forzados al exilio.
Las últimas sanciones se amparan en una legislación de seguridad propia promulgada por Hong Kong el año pasado y han sido duramente cuestionadas por gobiernos como el de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. La policía ofreció recompensas de hasta un millón de dólares hongkoneses (unos 127.000 dólares estadounidenses) por información que conduzca a los arrestos.
Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las acciones como “represión transnacional” y advirtió que su país no tolerará intentos de aplicar la ley de seguridad nacional “para silenciar o intimidar a estadounidenses o a cualquier persona en suelo estadounidense”.
Por su parte, la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en Hong Kong rechazó las críticas extranjeras, defendiendo la legitimidad de las medidas. Tanto Beijing como el gobierno local insisten en que estas leyes son necesarias para mantener la estabilidad del territorio.
(Con información de AP)
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