La experiencia de navegar por internet en Rusia se ha transformado en una rutina cada vez más limitada y vigilada. Plataformas como YouTube que no cargan, páginas de medios independientes que no se muestran o redes móviles que se interrumpen por horas ya no son fallos técnicos, sino manifestaciones concretas de una política deliberada del Kremlin.
El presidente Vladimir Putin instó al gobierno a “reprimir” los servicios de Internet extranjeros y ordenó a los funcionarios elaborar una lista de plataformas de estados “hostiles” que deberían ser restringidas.
Desde hace más de una década, el gobierno ruso ha desplegado una estrategia progresiva para someter el espacio digital a su control. A través de una combinación de legislación restrictiva, vigilancia masiva y presión sobre empresas tecnológicas, busca asegurar que el contenido disponible en línea se adecue a los lineamientos oficiales. Esta tendencia se intensificó tras las protestas de 2011-2012, cuando internet fue una herramienta clave para la organización ciudadana y la crítica al poder.
El objetivo es claro: construir una infraestructura digital que pueda ser aislada del resto del mundo. En paralelo, se han perfeccionado herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI) y sistemas de censura selectiva, inspirados en el modelo chino del “Gran Cortafuegos”.
La guerra en Ucrania como punto de inflexión
La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 aceleró este proceso. X, Facebook, Instagram, Signal y otros servicios quedaron bloqueados. También se intensificó la persecución del uso de redes privadas virtuales (VPN), las únicas herramientas capaces de sortear las restricciones.
El acceso a YouTube, plataforma utilizada tanto para el entretenimiento como para el activismo opositor —incluido el canal de Alexei Navalny—, fue limitado intencionalmente. Según el Kremlin, la interrupción se debió a la falta de mantenimiento de equipos por parte de Google, pero expertos en derechos digitales señalan que se trató de una acción deliberada.
Empresas como Cloudflare y proveedores occidentales de servicios de alojamiento web también han sido objeto de restricciones, forzando a muchos sitios rusos a trasladarse a servidores nacionales, donde la vigilancia y el control estatal son mayores.
Penalización de contenidos y nuevas amenazas
Una reciente legislación rusa amplía la criminalización de búsquedas en línea de materiales considerados “extremistas”. La definición es amplia e incluye desde contenidos LGBTQ+ hasta las memorias de Navalny. Aunque todavía es difícil rastrear búsquedas individuales a gran escala, los expertos advierten que unos pocos juicios bastan para sembrar el miedo.
El uso de WhatsApp, que tenía más de 97 millones de usuarios mensuales en abril, también está en la mira. Legisladores oficialistas amenazan con su posible bloqueo y promocionan MAX, una nueva aplicación de mensajería nacional creada por la red social VK. La aplicación, todavía en etapa beta, permite enviar mensajes, pagar servicios y acceder a trámites estatales, pero establece que los datos de los usuarios pueden ser compartidos con las autoridades.
Además, una nueva ley exige que MAX venga preinstalada en todos los smartphones vendidos en Rusia, mientras se incentiva a instituciones públicas y empresas a migrar sus comunicaciones a esta plataforma.
Consolidación de actores y alza de costos
El Estado también ha avanzado en consolidar el ecosistema técnico de la red. Aumentó drásticamente el costo de las licencias para proveedores de internet y concentra más de la mitad de las direcciones IP en siete grandes empresas, entre ellas Rostelecom, de propiedad estatal.
Según Human Rights Watch, estas medidas buscan sofocar la infraestructura independiente, y reflejan años de aprendizaje técnico y adaptación del gobierno ruso. La combinación de sanciones occidentales y la salida de empresas tecnológicas tras la invasión a Ucrania ha facilitado este proceso.
Hacia un aislamiento digital
Aunque Rusia aún no ha alcanzado el nivel de aislamiento digital de China, se acerca cada vez más. Las interrupciones puntuales de servicios como WhatsApp y Telegram durante el último julio podrían ser ensayos para bloqueos futuros.
El abogado y activista Sarkis Darbinyan advierte que el único modo de imponer aplicaciones como MAX será “cerrar y sofocar” toda alternativa extranjera. Sin embargo, recuerda que los hábitos de uso de internet no se transforman fácilmente: “Estos hábitos se adquirieron durante décadas, cuando internet era rápido y libre”.
Desde el punto de vista técnico, Roskomnadzor —el ente regulador estatal— ha logrado avances en la vigilancia y censura del tráfico digital, refinando métodos de inspección y estrangulamiento selectivo del contenido.
Una represión silenciosa pero eficaz
Expertos y organizaciones de derechos humanos califican el avance del Kremlin como una “muerte por mil cortes”. En lugar de un apagón abrupto, la estrategia de Moscú apunta a un control paulatino, multifacético y profundo. En ese camino, Rusia está construyendo una red paralela, cerrada al escrutinio externo, y sometida al poder estatal.
El resultado es un ecosistema digital en retroceso, donde el acceso a información libre se reduce progresivamente y donde las consecuencias por buscar, leer o compartir ciertos contenidos pueden ser graves. Un internet cada vez menos global y más ruso.
(Con información de AP)
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