El gobierno de Nueva Zelanda anunció que, a partir de 2027, los turistas extranjeros deberán pagar entre 20 y 40 dólares neozelandeses (aproximadamente 12 a 24 dólares) para acceder a algunos de los sitios naturales más emblemáticos del país. La medida forma parte de una reforma legal destinada a facilitar el desarrollo económico en tierras protegidas. Entre los destinos que probablemente aplicarán esta tarifa figuran Cathedral Cove/Te Whanganui-a-Hei, Tongariro Crossing, Milford Track y Aoraki/Mount Cook, según informó The Guardian.
La iniciativa generó debate sobre el equilibrio entre la promoción del turismo y la protección del patrimonio natural neozelandés. En ese sentido, el ministro de Conservación, Tama Potaka, explicó que la recaudación anual estimada por este nuevo cobro podría alcanzar los 62 millones de dólares neozelandeses.
Reforma de la legislación de conservación
En declaraciones levantadas por The Guardian a medios neozelandeses, Potaka aseguró que estos fondos se destinarán a la inversión y el mantenimiento de los sitios que constituyen la base del sector turístico del país. El gobierno sostiene que la iniciativa permitirá fortalecer la infraestructura y los servicios en las áreas más visitadas, y busca responder al creciente flujo de visitantes internacionales.
La reforma legal no solo introduce tarifas para los turistas extranjeros, sino que también flexibiliza el uso de las tierras de conservación, que representan un tercio del territorio nacional y poseen un alto valor ecológico, histórico y cultural. El primer ministro, Christopher Luxon, defendió la medida señalando que el objetivo es “decir sí a más empleos, más crecimiento y mejores salarios”, y anticipó una “nueva ola de concesiones” para actividades turísticas, agrícolas e infraestructurales en determinadas zonas.
También subrayó que, aunque ya existen empresas como estaciones de esquí y actividades de pastoreo en estas tierras, muchas otras han enfrentado restricciones para operar, lo que, a su juicio, ha limitado el potencial económico del país. La nueva legislación facilitará la venta o el intercambio de tierras de conservación y permitirá que más actividades económicas se desarrollen sin necesidad de permisos previos.
Esta flexibilización se suma a otras reformas impulsadas por el gobierno, como la aprobación en 2024 de una ley que agiliza la autorización de proyectos de minería e infraestructura, incluso en casos donde puedan verse afectadas especies protegidas. Además, se han propuesto cambios legales para que las empresas puedan eliminar fauna protegida si ello resulta necesario para ciertos desarrollos, y se han aplicado recortes presupuestarios a iniciativas de conservación y clima.
Reacciones y críticas a las reformas
Organizaciones ecologistas y partidos políticos expresaron su preocupación por el posible impacto ambiental de las reformas. Chlöe Swarbrick, copresidenta del Partido Verde, criticó la decisión del gobierno, afirmando que el primer ministro Luxon “antepone el lucro a la protección de la naturaleza”. En declaraciones a The Guardian, el funcionario sostuvo que esta postura revela las prioridades del gobierno, que, en su opinión, no representan ni a la ciudadanía, ni a las futuras generaciones, ni a un entorno saludable.
Por su parte, Nicola Toki, directora ejecutiva de Forest & Bird, la mayor organización de conservación de Nueva Zelanda, advirtió que las reformas constituyen “el debilitamiento más significativo de la legislación de conservación en una generación” y que aumentarán la presión sobre especies vulnerables.
Toki alertó sobre el riesgo de que la atención se desplace de la protección hacia la explotación, lo que, según su visión, pone en entredicho la razón de ser de los parques nacionales y las tierras de conservación.
Debate sobre el futuro de la biodiversidad
El contexto de estas medidas es especialmente delicado para Nueva Zelanda, un país reconocido por su alta biodiversidad endémica. Aunque las tierras de conservación ya albergan algunas actividades económicas, la ampliación de permisos y la reducción de controles suscitan cierta inquietud entre expertos y defensores del medio ambiente, dado que muchas especies autóctonas se encuentran en declive o en peligro de extinción.
En este escenario, la controversia gira en torno a la transformación del enfoque de la gestión ambiental: mientras el gobierno apuesta por el desarrollo económico y la apertura a nuevas actividades, críticos advierten que estas políticas podrían socavar los principios fundacionales de la protección de los parques nacionales y las tierras de conservación.
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