Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas advirtieron este jueves sobre un “desmantelamiento” del sistema electoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el oficialismo— proclamó vencedor al dictador Nicolás Maduro sin publicar los resultados desagregados, lo que consideran una “violación expresa” de la legislación nacional.
En un informe difundido por la Red Electoral Ciudadana (REC), un colectivo de ONG, se denuncia que el CNE “ha estado inmerso en una recurrente transgresión al marco normativo”, incumpliendo los procedimientos previstos tras los comicios, como la divulgación detallada de resultados y la realización de auditorías.
La proclamación de Maduro fue rechazada de inmediato por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora, que asegura haber recolectado el 85,18% de las actas, a través de sus testigos y miembros de mesa, con las que respalda la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
El informe señala que el anuncio oficial desató “una oleada de protestas cívicas en todo el país, ante la clara discrepancia entre los resultados oficiales y los indicios acumulados por la ciudadanía y sectores de la oposición”, a las que la dictadura respondió, según la REC, con una reacción “inmediata y violenta”.
La red sostiene que las presidenciales no concluyeron como una expresión legítima de la voluntad popular, sino que se convirtieron en “el epicentro de una fractura institucional que reorganizó las relaciones de poder en Venezuela mediante el uso sistemático de la represión, la judicialización de la política y la apropiación ilegal del aparato electoral”.
El informe denuncia, además, que el CNE mostró un “progresivo debilitamiento institucional”, dejando un “vacío” que fue llenado por otros actores del poder público, como el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes “asumieron vocerías sobre aspectos técnicos y operativos”.
“Esta intervención política en funciones exclusivas del órgano electoral consolidó la percepción de un CNE subordinado y sin autoridad real”, advierte la REC.
También se cuestiona el proceso electoral regional de mayo, al que describen como un nuevo hito en la consolidación de un modelo sin garantías: “elecciones sin competitividad, sin garantías, sin transparencia”, lo que —afirman— afianza “un modelo autoritario que utiliza los comicios como mecanismos de control, sin posibilidad real de alternancia”.
“Pareciera marcar una nueva etapa en los procesos electorales en Venezuela, en donde la falta de condiciones y garantías electorales y la manipulación de las cifras electorales constituyen una constante”, lamenta el informe.
Ante este panorama, el documento llama a articular una respuesta urgente y decidida para “reafirmar el compromiso con la recuperación del orden democrático”. En concreto, propone denunciar “todas las violaciones constitucionales y legales, así como el desconocimiento de los estándares internacionales”, reactivar “la lucha por condiciones” e impulsar “vías de negociación política”.
(Con información de EFE)
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