Estados Unidos deportó recientemente a cinco inmigrantes condenados por delitos graves a Esuatini, un pequeño país del sur de África. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se trata de individuos que Washington calificó como “criminales bárbaros” y cuya repatriación fue rechazada por sus países de origen. La medida forma parte de una estrategia de deportación a terceros países impulsada por la administración de Donald Trump, que sigue activa y se maneja con discreción.
Los deportados —ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos— fueron trasladados en un vuelo especialmente habilitado. Según la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, están condenados por delitos como asesinato y abuso sexual infantil. Uno de ellos, aseguró, es miembro de una pandilla.
En sus redes sociales, la funcionaria publicó imágenes y antecedentes penales de los hombres, cuyos nombres no fueron revelados. Los hombres “han estado aterrorizando comunidades estadounidenses”, pero ahora ya están “fuera del suelo estadounidense”, agregó.
Este caso se suma al de otros ocho individuos enviados recientemente a Sudán del Sur, también en África, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara deportaciones a países sin vínculos previos con los expulsados. En ese caso, el gobierno sursudanés ha evitado informar dónde se encuentran los deportados desde que asumió su custodia hace dos semanas.
En Esuatini, las autoridades locales confirmaron que los cinco hombres se encuentran detenidos en centros penitenciarios bajo condiciones de aislamiento y que están “en tránsito”, a la espera de ser eventualmente repatriados a sus países de origen.
El gobierno señaló que coordinará con Estados Unidos y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para facilitar ese proceso. No dio un plazo para ello, pero aseguró que se garantizará “el debido proceso y el respeto a los derechos humanos” en lo que calificó como un proceso de repatriación.
Cuatro de los cinco países involucrados tienen un historial de resistencia a aceptar de vuelta a sus ciudadanos cuando son expulsados desde Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de personas condenadas por delitos graves. Esta situación ha representado un desafío persistente para el DHS, incluso antes del gobierno de Trump.
Esuatini: destino estratégico y monarquía absoluta
Esuatini, antes conocida como Suazilandia, es una nación de 1,2 millones de habitantes entre Sudáfrica y Mozambique. Se trata de la última monarquía absoluta del continente africano, gobernada desde 1986 por el rey Mswati III. Los partidos políticos están prácticamente prohibidos, y las denuncias de represión violenta contra opositores son frecuentes. En 2021, protestas prodemocráticas fueron brutalmente sofocadas, dejando decenas de muertos.
A pesar del perfil autoritario del régimen, Estados Unidos ha optado por estrechar vínculos con este país para implementar su política migratoria.
Según Esuatini, el acuerdo con Estados Unidos no representa riesgos de seguridad para la población local y fue producto de “meses de intensas negociaciones de alto nivel entre los gobiernos de EEUU y Esuatini”.
Una política polémica con proyección continental
La estrategia de deportaciones a terceros países impulsada por el país norteamericano también ha incluido acuerdos con naciones de Centroamérica —como Costa Rica, El Salvador y Panamá— y busca ampliarse en África. Funcionarios estadounidenses han mantenido conversaciones con Ruanda, otro país africano que ya fue considerado por el Reino Unido para un plan similar, posteriormente invalidado por la justicia británica.
Durante la administración de Trump, líderes de cinco países de África occidental discutieron en la Casa Blanca la posibilidad de recibir deportados. No todos estuvieron de acuerdo: Nigeria, por ejemplo, rechazó aceptar personas que no fueran sus ciudadanos, pese a las presiones de Washington.
En el caso de Sudán del Sur, donde Estados Unidos envió recientemente a los ocho primeros deportados tras semanas de detención en una base militar estadounidense en Yibuti, no se conocen los términos del acuerdo bilateral. Desde la sociedad civil, algunas voces han cuestionado la medida. “Sudán del Sur no es un vertedero de criminales”, afirmó un dirigente local.
Según analistas, algunos países africanos podrían estar dispuestos a colaborar con esta política a cambio de beneficios económicos o diplomáticos, como aranceles, ayuda exterior, inversiones o flexibilización de visas. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad, ética y consecuencias de estas deportaciones continúa abierto.
(Con información de AP)
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