La nueva solicitud de detención contra el expresidente Yoon Suk Yeol fue presentada el domingo por los fiscales especiales surcoreanos, apenas un día después de que el exmandatario compareciera ante ellos para ser interrogado en relación con la declaración de la ley marcial que realizó el año pasado.
El portavoz del equipo legal del ex mandatario no dejó lugar a dudas al calificar la nueva solicitud de detención como “excesiva e injustificada”.
“Hemos refutado exhaustivamente las acusaciones y demostrado que, como cuestión de derecho, no se puede establecer ningún delito”, afirmó el equipo jurídico del exmandatario en un comunicado dirigido al tribunal. Esta declaración, que resume la postura de defensa de quien hasta hace poco ocupaba la presidencia de Corea del Sur, marca el tono de una batalla judicial que ha sacudido los cimientos políticos del país asiático.
La petición se fundamenta en acusaciones de abuso de poder y obstrucción a la justicia, cargos que se suman a una lista cada vez más extensa de presuntos delitos cometidos durante y después de la imposición de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.
El portavoz de los fiscales, al ser consultado sobre los motivos específicos de la solicitud, se limitó a señalar que “la solicitud de detención está relacionada con acusaciones de abuso de poder y obstrucción a la justicia”, y añadió que los detalles se explicarán durante los procedimientos judiciales que determinarán si la orden debe concederse.
El equipo legal de Yoon ha insistido en la falta de pruebas creíbles que sustenten los cargos.
En su comunicado, subrayaron: “El fiscal especial no presentó ninguna prueba objetiva durante la investigación, e incluso basándose en el testimonio de los testigos, los cargos no se sostienen”, una afirmación que busca minar la credibilidad de la acusación y reforzar la imagen de su defendido como víctima de una persecución política.
Además, el equipo jurídico anticipó que “explicará ante el tribunal que la solicitud de orden de detención no es razonable”, en un intento por frenar el avance del proceso judicial.
La situación de Yoon Suk Yeol se ha tornado cada vez más compleja desde que fue arrestado en enero, tras resistirse a las autoridades que intentaban detenerle. Aunque permaneció bajo custodia durante 52 días, fue liberado por motivos técnicos, lo que no impidió que la investigación continuara su curso.
De acuerdo con la agencia oficial de noticias Yonhap, el consejo especial que lidera el fiscal Cho Eun Suk ha mantenido la presión sobre el exmandatario, solicitando en reiteradas ocasiones su detención y ampliando el espectro de los cargos en su contra.
Entre las acusaciones más graves figura la de insurrección, un delito que en Corea del Sur puede castigarse con la pena de muerte o cadena perpetua.
El exmandatario rechaza categóricamente estos señalamientos, pero la magnitud de los hechos investigados ha generado un debate nacional sobre los límites del poder presidencial y la fortaleza de las instituciones democráticas del país.
Según detalló El País, el consejo especial acusa a Yoon de abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de tareas oficiales, todo ello en el contexto de la breve imposición de la ley marcial que, según los investigadores, fue el detonante de una crisis política sin precedentes en la historia reciente de la nación.
La declaración de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, que incluyó el despliegue de soldados armados en el Parlamento, fue percibida como un intento de subvertir el gobierno civil.
Este acto provocó la destitución formal de Yoon en abril, tras la confirmación de su cese por parte del Tribunal Constitucional, que ratificó la decisión adoptada previamente por el Parlamento. El episodio conmocionó a una sociedad que, desde los años 80, se había enorgullecido de su transición hacia una democracia próspera, dejando atrás décadas de dictadura militar.
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