La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un informe el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía de Turquía contra manifestantes que salieron a las calles tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Según AI, estos actos constituyen un “trato cruel, inhumano o degradante” y, en ciertos casos, podrían incluso calificarse como “tortura”.
Esther Major, directora adjunta de Investigación de AI en Europa, afirmó: “Nuestros hallazgos revelan pruebas contundentes del uso frecuente de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas del orden contra manifestantes pacíficos en ciudades de toda Turquía”.
El informe se basa en entrevistas con 17 personas que participaron en las protestas, quienes relataron “abusos” cometidos por las fuerzas de seguridad. AI documentó el empleo de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y cañones de agua contra los manifestantes. Estas medidas se aplicaron, en muchos casos, “a corta distancia” y apuntando “directamente a la cabeza y parte superior del cuerpo”.
Uno de los testimonios recogidos por la organización proviene de un hombre que narró: “Unos seis o siete policías antidisturbios me dieron patadas y me daban puñetazos, incluso en la cara y la cabeza. Uno de ellos me dio una patada voladora en el pecho. Se me soltaron algunos dientes debido a la paliza”.
De igual forma, una estudiante de 27 años relató a Amnistía el trato que recibió por parte de los agentes durante su participación en las manifestaciones: “Me patearon tanto que no podía caminar bien. Me arrastraron mientras estaba de rodillas. Pensé que me iba a morir”.
La ONG también señaló que las advertencias emitidas por la Policía para que los manifestantes se dispersaran “incumplieron los estándares exigidos por el Derecho Internacional”. Además, las autoridades no ofrecieron “tiempo o espacio para que las personas abandonaran el lugar de forma segura”.
El informe, que también incluye documentos médicos y judiciales, así como denuncias formales por malos tratos y lesiones, permitió a Major concluir que se trató de “un flagrante atentado contra el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
“Los casos de uso innecesario de la fuerza no fueron aislados, sino que parecen reflejar un patrón de ataques sistemáticos por parte de las fuerzas del orden contra quienes protestaban pacíficamente, se mantenían al margen o intentaban dispersarse”, aseguró.
A la luz de estos hechos, Amnistía Internacional instó a las autoridades turcas a llevar a cabo una investigación “inmediata, independiente e imparcial”, y a garantizar que “los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación por los daños sufridos”.
Desde la detención de Imamoglu, miles de personas han salido a protestar en las principales ciudades del país, acusando al presidente Recep Tayyip Erdogan de impulsar un boicot político contra el alcalde. Erdogan, sin embargo, ha negado cualquier implicación en el caso y ha defendido la imparcialidad del sistema judicial.
Imamoglu fue imputado por supuestamente haber promovido una “colaboración electoral” ilegal entre su partido, el CHP, y el Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), vinculado al proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), durante las elecciones locales celebradas en marzo del año pasado.
(Con información de Europa Press)
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