
Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar sudanés, anunciaron este fin de semana la toma del campamento de desplazados de Zamzam, en Darfur Norte, una zona marcada por una crisis humanitaria extrema. El hecho se produce en el marco del segundo aniversario del estallido de la guerra civil en Sudán, que enfrenta al Ejército con las RSF, y que ha dejado al país al borde del colapso humanitario.
Según fuentes locales citadas por el portal Sudan Akbar, la ofensiva de las RSF desató un éxodo masivo desde el campamento, que alberga a unas 750.000 personas, la mitad de ellas niños. Al menos un centenar de civiles, incluidos nueve cooperantes, murieron como consecuencia de los ataques desde el 11 de abril, mientras que el gobierno regional eleva la cifra de víctimas a 350.
La situación en Zamzam, donde ya se habían reportado condiciones de asedio y restricciones extremas al acceso de alimentos, agua y medicinas, es considerada una “catástrofe humanitaria” por organizaciones internacionales.

Pese a las acusaciones, las RSF negaron haber atacado civiles y calificaron las denuncias como un “montaje”.
En un comunicado publicado en su canal de Telegram, el grupo aseguró haber “liberado” el campamento del control del Ejército y sus aliados, a los que acusan de utilizar a la población como escudos humanos. También afirmaron estar facilitando la evacuación voluntaria de familias desde Zamzam y la ciudad cercana de El Fasher, capital de Darfur Norte.
La Misión de Investigación de la ONU en Sudán condenó enérgicamente los ataques y advirtió sobre una posible intensificación del conflicto en su tercer año.

“Con la creciente ola de discursos de odio, violencia étnica y venganzas, tememos que los peores capítulos de la guerra estén aún por escribirse”, alertaron los expertos de la misión, quienes también denunciaron posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por ambos bandos.
“Miles de civiles han sido asesinados, y muchos más han sufrido violaciones y otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado, hambre, saqueos y la destrucción de hogares, instalaciones sanitarias, mercados y otras infraestructuras civiles”, recordaron.
A nivel nacional, Sudán enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Desde el inicio de la guerra el 15 de abril de 2023, más de 15 millones de personas se han visto desplazadas, incluyendo 3,5 millones de refugiados que han cruzado las fronteras hacia Chad, Egipto, Sudán del Sur y otros países.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que 24,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, con al menos 638.000 en niveles catastróficos.
La portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Olga Sarrado Mur, ha incidido durante los últimos días en que “las noticias siguen siendo desalentadoras” y ha agregado que “la crisis de desplazamiento más devastadora del mundo tiene lugar en medio de la peor situación de financiación humanitaria en décadas”, un panorama desolador para la población.

La guerra comenzó tras el colapso del proceso de transición democrática posterior al derrocamiento de Omar al Bashir. Las tensiones entre el jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, y el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’, escalaron hasta una lucha por el control militar y político del país. A pesar de algunos avances del Ejército en la capital, Jartum, las RSF mantienen el control de vastas zonas, especialmente en Darfur, y continúan promoviendo la creación de un gobierno paralelo.
En este contexto, se celebrará este martes una reunión internacional en Londres con representantes de 20 países para analizar la situación en Sudán y diseñar medidas urgentes de protección para la población civil. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el conflicto no solo está devastando al Sudán actual, sino que también “diezma su futuro”.
Mientras tanto, en Sudán del Sur, al menos ocho personas murieron y otras 18 resultaron heridas en enfrentamientos intercomunitarios por tierras agrícolas en el condado de Terekeka, estado de Equatoria Central. Autoridades locales confirmaron el desplazamiento de decenas de familias y la quema de viviendas, agravando aún más la inestabilidad regional.
(con información de EP)
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