Más de 100 sitios con armas químicas podrían seguir activos o abandonados en Siria, según estimaciones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). La cifra, divulgada por primera vez, representa un aumento significativo respecto a las 27 instalaciones que el régimen del derrocado dictador Bashar al Assad reconoció oficialmente durante los primeros años de la guerra civil.
Los sitios en cuestión habrían servido para la investigación, fabricación o almacenamiento de agentes químicos como gas sarín, gas mostaza y cloro, utilizados por el régimen contra civiles y combatientes opositores desde el inicio del conflicto en 2011 hasta al menos 2018, de acuerdo a lo informado por The New York Times en un artículo publicado este domingo.
La ubicación y seguridad de estas instalaciones permanecían desconocidas desde que las fuerzas rebeldes derrocaron a Al Assad el año pasado. El nuevo gobierno interino, liderado por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, enfrenta ahora el reto de localizar, asegurar y desmantelar estos arsenales. Aunque la organización ha sido designada como terrorista por Estados Unidos, ha renunciado públicamente a sus vínculos con Al Qaeda. Sin embargo, la comunidad internacional todavía observa con cautela el comportamiento y los movimientos del nuevo gobierno.
La OPAQ estima que algunas de las instalaciones están ocultas en cuevas o lugares de difícil detección por satélite, lo que eleva el riesgo de que queden armas sin custodiar. La información sobre estos sitios proviene de investigadores independientes, organizaciones sin fines de lucro y servicios de inteligencia de países miembros de la OPAQ.
Raed al-Saleh, director de los Cascos Blancos, organización voluntaria que colabora con el nuevo gobierno en la identificación de los sitios, afirmó: “Hay muchas ubicaciones que desconocemos porque el antiguo régimen mintió a la OPAQ”. Por su parte, Nidal Shikhani, del Centro de Documentación de Violaciones Químicas de Siria, indicó que su organización ha identificado decenas de posibles depósitos y centros de investigación mediante entrevistas con ex científicos del régimen que ahora residen en Europa.
El interés de los inspectores no solo radica en asegurar los materiales, sino también en recopilar pruebas para las investigaciones sobre el uso continuado de armas químicas por parte del régimen anterior. Ataques como el perpetrado en Ghouta, suburbio de Damasco, en 2013, dejaron miles de víctimas y son objeto de indagaciones internacionales.
En marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria visitó sorpresivamente la sede de la OPAQ en La Haya y aseguró que su gobierno “destruirá cualquier remanente del programa de armas químicas desarrollado bajo el régimen de Al Assad” y cumplirá con el derecho internacional. Según fuentes cercanas a la organización, este año se permitió el ingreso de un equipo de la OPAQ a Siria para iniciar el proceso de verificación.
Pese a estos gestos, el gobierno interino aún no ha designado un embajador ante la OPAQ, lo cual es visto como un paso clave en el compromiso con los tratados internacionales. El Ministerio de Defensa sirio declinó responder preguntas escritas sobre el tema, argumentando que no era de su competencia.
En 2023, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra instalaciones del régimen donde se sospechaba la presencia de armas químicas. No está claro si estos bombardeos destruyeron las armas, y algunos expertos temen que solo hayan contaminado el entorno y eliminado pruebas necesarias para futuros juicios.
La OPAQ y diversas organizaciones insisten en la importancia de localizar y asegurar cada sitio. El gas sarín está prohibido por el derecho internacional, pero otros como el cloro presentan desafíos por su posible fabricación a partir de productos domésticos comunes, lo que complica su control.
El programa sirio de armas químicas comenzó en los años 70 con la participación de científicos formados en Alemania y otros países europeos. Muchos de ellos huyeron durante la guerra, aunque algunos permanecen en el país. Estados Unidos ha sancionado a más de 300 personas y entidades vinculadas a este programa.
Inspectores internacionales muestran cautela ante las promesas del nuevo gobierno, recordando episodios como el de 2014, cuando una bomba alcanzó un convoy de la OPAQ y personal sirio durante una inspección, en una ruta que el gobierno había garantizado como segura. Otros miembros del equipo relataron sentirse constantemente vigilados o espiados por las autoridades.
En Zamalka, cerca de Damasco, un funcionario local relató que el régimen retiró las lápidas de víctimas del ataque químico de 2013 y ocultó sus tumbas tras recuperar el control del área en 2017.
La OPAQ continúa recopilando pruebas con el objetivo de esclarecer el alcance del programa químico del régimen anterior y avanzar en las acciones judiciales internacionales.
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