Rusia condenó por cargos de terrorismo a 23 ucranianos capturados en la guerra

Rusia condenó el miércoles a 23 ucranianos capturados por cargos de terrorismo derivados de la guerra en Ucrania en un juicio en un tribunal militar que Kiev denunció como una farsa y una violación del derecho internacional.

Entre los acusados ​​se encontraban combatientes actuales o anteriores de la brigada de élite Azov, a la que Rusia designó como grupo terrorista , y quienes trabajaban allí como cocineros o personal de apoyo, según informes de los medios rusos y activistas de derechos humanos.

Memorial, un destacado grupo ruso de derechos humanos, designó a los acusados ​​como presos políticos. Afirmó que algunos de ellos fueron capturados en 2022 durante los combates en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, donde resistieron en la acería Azovstal, asediada por las tropas rusas. Otros fueron detenidos cuando intentaban abandonar la ciudad tras ser invadida por las fuerzas rusas, según el grupo.

Solo 12 acusados ​​comparecieron ante el tribunal el miércoles en la ciudad de Rostov del Don, mientras que otros 11, entre ellos nueve mujeres, regresaron a Ucrania mediante intercambios de prisioneros y fueron condenados en ausencia. Otro acusado falleció bajo custodia el año pasado y el caso en su contra se cerró.

Todos habían sido acusados ​​de organizar un golpe de estado violento y de organizar actividades de una organización terrorista. Algunos enfrentaban un cargo adicional de entrenamiento para llevar a cabo actividades terroristas.

Los condenados recibieron penas de prisión de entre 13 y 23 años. Los 12 hombres que aún se encuentran bajo custodia rusa cumplirán su condena en colonias penales de máxima seguridad, según el tribunal. Según el portal de noticias independiente ruso Mediazona, los 12 planean apelar el veredicto.

Memorial ha afirmado que “ninguno de los acusados ​​en el caso está acusado de ningún crimen de guerra: todos están siendo juzgados por el mero hecho de servir” en Azov en un momento u otro.

El enviado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, denunció los procedimientos cuando comenzaron en junio de 2023 como “otro juicio simulado” realizado para la “propia diversión” de Rusia.

“‘Rusia’ y ‘justicia justa’ no tienen nada en común. El mundo debe responder a estos vergonzosos juicios farsa contra los defensores ucranianos”, declaró Lubinets en aquel momento. “Es evidente para todos que quienes deberían estar en el banquillo de los acusados ​​no son quienes se defienden, sino quienes iniciaron la agresión, quienes invadieron territorio extranjero con armas y quienes llegaron con tanques al territorio de un estado independiente”.

Ese mismo mes, el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, dijo en X que el juicio a los combatientes equivalía a “un crimen de guerra oficial” que justificaba una respuesta de la Corte Penal Internacional.

Petro Yatsenko, representante del Centro de Coordinación Ucraniano para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, se hizo eco de su sentimiento en declaraciones citadas por el medio de comunicación Hromadske, diciendo que los procedimientos violaban las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra.

Rostov del Don, sede del tribunal, alberga el Distrito Militar Sur de Rusia, a unos 100 kilómetros al este de la frontera con Ucrania.

Mediazona informó que los acusados ​​testificaron sobre abusos tras las rejas, diciendo que fueron golpeados severamente y les rompieron huesos, fueron interrogados con bolsas en la cabeza, les dieron comida mezclada con productos químicos domésticos y fueron obligados a permanecer de pie todo el día y cantar el himno ruso.

Estas acusaciones coinciden con los informes de grupos rusos e internacionales de derechos humanos que detallan el abuso sistemático de prisioneros de guerra ucranianos y cautivos civiles bajo custodia rusa.

(Con información de AP)