El ministerio de Defensa sirio anunció la creación de un comité de emergencia en medio de los combates con insurgentes alauitas

El Ministerio de Defensa sirio anunció este sábado la formación de un “comité de emergencia” para “mandar a juicio militar” a infractores durante las operaciones en la costa de Siria, donde al menos 700 civiles han sido asesinados en los dos últimos días de violencia entre las fuerzas de seguridad e insurgentes alauitas.

Este comité tiene el encargo de “seguir las infracciones y mandar a juicio militar a quienes se saltaron las instrucciones de la Comandancia durante la última operación militar y de seguridad”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado, sin hacer referencia a los asesinatos masivos de civiles.

“Hasta la tarde de este sábado, la cifra de muertos llegó a 1.018 personas”, dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que indicó que “745 civiles fueron asesinados a sangre fría en masacres sectarias” en las provincias del oeste de Siria de mayoría alauita, la rama del islam chií que profesa la familia del derrocado dictador Bashar al Assad.

Ante la oleada de condenas por estas acciones, el Ministerio de Defensa también anunció el cierre de todas las carreteras que conducen a las provincias costeras de Siria “para detener las infracciones e impedir los excesos” mientras las fuerzas de seguridad trabajan para “el regreso gradual de la estabilidad en la zona”.

La agencia de noticias oficial siria SANA informó que las operaciones continúan en las provincias costeras de Latakia y Tartús, donde las fuerzas de seguridad han incautado grandes cantidades de armas y donde también se han producido enfrentamientos esporádicos con grupos leales a Al Asad.

La minoría alauita, una rama del islam chií, es a la que pertenece la familia Al Asad y alrededor del 10% de la población de Siria. Esta comunidad, cuyo núcleo se encuentra en Latakia y Tartús -los principales feudos del derrocado presidente- dominó instituciones como el Ejército durante el régimen de Al Assad.

Los choques, que se han saldado ya con más de mil muertos -entre civiles y militares-, estallaron el jueves después de que insurgentes alauitas lanzaran un ataque contra las fuerzas de seguridad en la localidad de Jableh, en Latakia, lo que desencadenó la mayor ola de violencia en Siria desde el derrocamiento de Al Assad el pasado 8 de diciembre.

Las nuevas fuerzas sirias están mayoritariamente compuestas por combatientes de la ahora disuelta alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), la agrupación que lideró la ofensiva contra Al Assad y cuyas raíces proceden del Frente Al Nusra, la ex filial de Al Qaeda en Siria.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas para Siria, el organismo que investiga crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos durante la pasada guerra civil, ha tomado nota este sábado de las “perturbadores” noticias a este respecto y exigido a todas las partes que ejerzan la máxima contención para que la población civil no resulte afectada.

“En medio de informes sobre una escalada de violencia, la Comisión insta a la máxima moderación y al cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional respecto de la protección de los civiles y el trato humano de todos los que han depuesto las armas, y acoge con satisfacción las declaraciones a tal efecto”, hace saber en su cuenta de la red social X.

Según la ONG Observatorio Sirio, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, “la cifra de bajas humanas ha subido aceleradamente desde la entrada de grupos armados para apoyar las fuerzas de seguridad y las unidades del Ministerio de Defensa” de las nuevas autoridades de Damasco.

Según el desglose de las víctimas, al menos 125 miembros de la Seguridad General, el Ministerio de Defensa y otros grupos aliados han fallecido en tres días de enfrentamientos; mientras que otros 148 “individuos armados” leales al régimen de al Asad han muerto en los choques que han tenido lugar en las provincias de Latakia, Tartús, Homs y Hama.

Ante la “masacre” de ciudadanos, entre ellos mujeres y niños, la ONG hizo un llamado a la comunidad internacional “para que adopte medidas urgentes y envíe equipos internacionales especializados de investigación para documentar las graves violaciones que han afectado a los civiles”.

La seguridad es uno de los grandes desafíos del nuevo poder sirio, de base islamista e instalado en diciembre al término de una rebelión de 11 días que derrocó al dictador Al Assad.

(Con información de EFE)