El régimen de Irán ejecutó a más de 350 personas en lo que va de año

El régimen de Irán ejecutó más de 350 sentencias de muerte en los seis primeros meses del año, en su mayoría por cargos relacionados con las drogas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

“Al menos 354 personas, incluidas seis mujeres, han sido ejecutadas en los seis primeros meses de 2023″, resaltó el grupo en un informe que subraya que 206 de estas ejecuciones tienen que ver con delitos de drogas, un incremento del 126 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. La ONG denuncia que las autoridades solo informaron de 43 ejecuciones, un 12 por ciento del total.

Hasta 71 personas --20 por ciento-- de las ejecutadas pertenecían a la minoría baluche, una etnia mayoritariamente suní que reside principalmente en la provincia de Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán.

Esta provincia fue objeto de intensas operaciones de la Guardia Revolucionaria durante la dura represión de las protestas de septiembre del año pasado. Cientos de baluches murieron en acciones de la Guardia Revolucionaria en Zaheda y Jash.

El año pasado ya fueron ejecutadas al menos 576 personas, muy por encima de los 314 reos ejecutados en 2021. Para este año Amnistía Internacional ya ha contabilizado 282 ejecuciones, según su propio recuento. “La pena de muerte se utiliza para generar miedo social y evitar más protestas”, lamentó el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moghaddem.

“La mayoría de los muertos son víctimas low-cost para la máquina de matar: acusados por drogas de las comunidades más marginadas”, añadió. Amnistía calificó abiertamente estas ejecuciones de “guerra a los pobres”.

Denuncias por crímenes contra la humanidad

En mayo, al menos 107 ex líderes mundiales firmaron una carta abierta en apoyo a los manifestantes iraníes que luchan a favor de la democracia, y exigieron poner en la lista negra a la Guardia Revolucionaria (IRGC).

La iniciativa es llevada adelante por los líderes mundiales que representan a 45 naciones.

También en mayo el régimen de Irán ejecutó a tres hombres condenados por participar en las protestas por la muerte de Mahsa Amini el año pasado, lo que provocó la condena de los gobiernos occidentales.

La carta colectiva de 107 ex jefes de estado solicitó a los líderes de Canadá, la UE, el Reino Unido y los EEUU que exijan que el “liderazgo de la República Islámica de Irán rinda cuentas por sus crímenes”.

“Lo alentamos a solidarizarse con el pueblo de Irán en su deseo de una república secular y democrática donde ningún individuo, independientemente de su religión o derecho de nacimiento, tenga ningún privilegio sobre los demás. A través de sus consignas, el pueblo iraní ha dejado en claro que rechaza todas las formas de dictadura, ya sea la del depuesto Sha o el régimen teocrático actual, y por lo tanto rechaza cualquier asociación con cualquiera de ellos”, afirma la carta abierta.

“Creemos que corresponde al pueblo iraní decidir su futuro. Sin embargo, reconocemos que durante cuatro décadas, la coalición democrática Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI) ha buscado constante e incansablemente el cambio democrático. En este sentido, creemos que el Plan de Diez Puntos articulado por la Presidenta del NCRI, Sra. Maryam Rajavi, merece apoyo. Su compromiso con las elecciones libres, la libertad de reunión y expresión, la abolición de la pena de muerte, la igualdad de género, la separación de religión y estado, la autonomía de las etnias de Irán y un Irán no nuclear está en línea con nuestros propios valores democráticos”, dice la carta.

Los firmantes de la carta incluyen 50 ex presidentes, 47 ex primeros ministros, un ex canciller y otros nueve ex jefes de estado de todo el mundo. Dos ex presidentes de la Comisión Europea y tres premios Nobel de la Paz se encuentran entre los que plasmaron su rúbrica.

Los firmantes europeos incluyen a los ex primeros ministros del Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, España y Ucrania. En América del Sur, incluyen a los ex presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y México y dos ex secretarios generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Otros signatarios son dos ex primeros ministros de Canadá.

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