La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la apelación del Gobierno filipino de frenar la investigación por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022) y continuará con las pesquisas.
“La sala de apelaciones determina que Filipinas no incluyó razones ni argumentos que apoyen la solicitud”, arguye la CPI en un comunicado publicado el lunes.
Asimismo, la CPI desestima el argumento de Manila de que La Haya no tiene jurisdicción para juzgar los posibles crímenes, ya que Filipinas no explicó “cómo la supuesta ausencia de una base jurisdiccional o legal” anula la investigación de la corte internacional.
Las pesquisas llegaron a ser suspendidas temporalmente en noviembre de 2021 a petición del Gobierno filipino, bajo el argumento de que el país conduce “sus propias investigaciones”, y de nuevo Manila pidió la paralización de las mismas hace dos semanas tras la reanudación del proceso judicial a finales de enero a petición del fiscal de la CPI, Karim Kahn.
“Filipinas -añade la corte- puede continuar con sus investigaciones y procedimientos, independientemente de la investigación en curso” de la CPI, lo cual no impide que La Haya continúe investigando las muertes extrajudiciales, que según varias oenegés llegaron a 30.000 durante el mandato de Duterte.
Hasta ahora, el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien gobierna desde el pasado 30 de junio en tándem con la hija de Duterte y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha negado la entrada al país de los investigadores de la CPI y ha reiterado que “no tiene intención” de reincorporar a Filipinas al organismo.
Duterte sacó a Filipinas de la CPI en 2019, pero los posibles crímenes de lesa humanidad que investiga La Haya ocurrieron en el archipiélago entre 2011 y 2019, incluyendo una etapa previa de Duterte como alcalde Davao (Mindanao, sur de Filipinas).
Carlos Conde, director de Human Rights Watch en Filipinas, asegura a EFE que la decisión de la CPI de continuar su investigación por posibles crímenes contra la humanidad “es el camino a seguir”.
“La administración de Marcos se está dando cuenta de que no hay mucho espacio ni justificación para las apelaciones. La CPI debe investigar lo que pasó”, ya que el país era miembro del tribunal internacional “cuando se cometieron los crímenes”, remata Conde.
Pese a que Filipinas ya no forma parte de la CPI, el organismo tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad siempre que el país investigado formara parte de la corte cuando los hechos acaecieron, como sucede en este caso.
(Con información de EFE)
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