El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo el martes que Estados Unidos estaba sumando a sus aliados contra los trabajos forzados, cuando comenzaba a aplicarse una ley que prohíbe las mercancías procedentes de la región china de Xinjiang, donde, según Washington, Pekín está cometiendo un genocidio.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) comenzó a aplicar el martes la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA), que fue promulgada en diciembre por el presidente Joe Biden.
La CBP ha dicho que está preparada para aplicar la “presunción refutable” de la ley que indica que todos los productos procedentes de Xinjiang, donde las autoridades chinas establecieron campos de detención para uigures y otros grupos musulmanes, se fabrican con trabajos forzados y se prohíbe su importación a menos que se demuestre lo contrario.
La agencia ha dicho que se necesitará un nivel muy alto de pruebas para que los importadores reciban una excepción a la ley.
“Estamos sumando a nuestros aliados y socios para hacer que las cadenas de suministro globales estén libres del uso de trabajos forzados, para hablar en contra de las atrocidades en Xinjiang y para unirse a nosotros en el llamado al gobierno de la RPC (República Popular de China) para poner fin inmediato a las atrocidades y los abusos de los derechos humanos”, dijo Blinken en un comunicado.
“Junto con nuestros socios interinstitucionales, seguiremos comprometiéndonos con las empresas para recordarles las obligaciones legales en Estados Unidos”, añadió.
China niega los abusos en Xinjiang, un importante productor de algodón y que también suministra gran parte de los materiales para los paneles solares del mundo.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo antes en Pekín que las afirmaciones sobre trabajos forzados en Xinjiang son una “gran mentira inventada por las fuerzas antichinas. Con esta supuesta ley, Estados Unidos está intentando crear desempleo forzoso en Xinjiang y presionar para que el mundo se desvincule de China”.
Blinken aseguró además que acabar con “los abusos de derechos humanos” cometidos en China es “una prioridad” para el Gobierno de Biden.
“Hemos tomado medidas concretas para promover la rendición de cuentas en Xinjiang, incluidas restricciones de visados, sanciones financieras, controles de exportación y restricciones de importación,” destacó Blinken en el comunicado.
El Departamento de Estado publicó el año pasado un informe sobre genocidio en el que destacó entre los crímenes perpetrados por las autoridades chinas en Xinjiang “torturas, persecución y esterilización y trabajos forzosos”.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó el mes pasado una visita a Xinjiang para intentar conocer la situación de esa región ante las reiteradas denuncias de abusos contra las minorías musulmanas.
Al final de la visita, Bachelet indicó que las autoridades del país le habían asegurado que la mayoría de los “campos de internamiento para formación profesional” habían sido desmantelados.
(Con información de Reuters y EFE)
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