El empresario y excandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo acudió a la Corte Suprema de Justicia para que revise su proceso alimentario, en medio de la disputa judicial que libra con su expareja, Manuela Echeverry Hoyos.
El exaspirante a la Presidencia denunció que su hijo estaría siendo utilizado como “moneda de cambio” en la batalla legal con Echeverry. En mayo de 2026, Botero fue desalojado de su vivienda en Cartagena, Bolívar, por una denuncia de violencia intrafamiliar presentada por ella, quien aseguró que el empresario le habría impedido el ingreso al apartamento junto con al menor que nació de esa relación.
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Infobae Colombia conoció en primicia que el reclamo de Botero se apoya en la sentencia STC13455 de 2026, divulgada el 7 de octubre por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. El fallo indica que la obstrucción sostenida e injustificada del vínculo entre un hijo y uno de sus progenitores constituye una manifestación de violencia intrafamiliar por maltrato.
Una cuota provisional de $37 millones al mes
La abogada Diana Paola Chavarro, representante legal del excandidato, recordó que Amín Francisco Sanabria Aislant, comisario de la Comisaría de Familia Permanente Turno 1 de Cartagena, fijó mediante el Auto 070 del 29 de mayo de 2026 una cuota alimentaria provisional cercana a los $37 millones mensuales.
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En junio de 2026 se conocieron los detalles de las decisiones del caso. La jurista indicó que Botero Jaramillo objeta el monto, frente a los $5.400.000 que, según afirma, Echeverry Hoyos había estimado como gastos mensuales del menor.
Según el equipo de abogados del empresario y la información recibida por este medio, Botero Jaramillo consigna $2.731.800 mensuales, aporta cerca de $1.500.000 para la salud y la medicina prepagada del niño, y cubre $5 millones por la administración del apartamento donde residen su expareja y el menor.
Los tres conceptos suman $9.231.800 mensuales. Por ello, la abogada solicitó a la Corte Suprema de Justicia que determine cuáles de esos pagos pueden reconocerse dentro de la obligación alimentaria.
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Chavarro agregó que su cliente realizó cinco transferencias de $2.731.800 entre junio y octubre de 2026, por un total de $13.659.000, y pidió que esos aportes sean valorados junto con las necesidades del niño y la capacidad económica de ambos progenitores. Infobae Colombia conoció los soportes de las transacciones.
La abogada también aseguró que durante al menos cinco meses no se celebró la audiencia que la defensa esperaba desde junio. Cuestionó las oportunidades que tuvo el empresario antioqueño para controvertir la cuota y señaló que la decisión provisional habría indicado que no era susceptible de recursos.
Además, refutó la inscripción del excandidato presidencial en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), que, según sus abogados, se hizo efectiva el 11 de octubre de 2026. Chavarro sostuvo que los pagos y las objeciones presentadas no fueron valorados de manera adecuada.
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Chavarro señaló que la Secretaría del Interior de Cartagena no habría remitido al juzgado de familia los oficios necesarios para resolver una recusación contra el comisario Sanabria Aislant y que, pese a quejas ante organismos de control, no se han obtenido pronunciamientos de fondo.
La defensa informó que actualmente cursa ante el Juzgado Segundo Civil de Cartagena una acción de tutela por la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en favor de Botero Jaramillo.
Santiago Botero denuncia que no ha podido ver a su hijo
El trámite, identificado con el radicado No. 13001-40-03-002-2026-001059-00, cuestionó la presunta inscripción irregular en el Redam y la imposición de la cuota alimentaria sin observar los lineamientos jurídicos correspondientes, según la defensa.
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En especial, porque la inscripción en el Redam tiene consecuencias migratorias directas. La defensa argumentó que el artículo 6, numeral 5, de la Ley 2097 de 2021 contempla el impedimento para salir del país y efectuar trámites ante Migración Colombia.
Al respecto, el empresario afirmó que esa restricción le impide regresar al país porque, si ingresa mientras se mantenga el impedimento de salida, no podría volver al exterior para atender sus actividades profesionales. Botero Jaramillo indicó que la situación afecta tanto su trabajo como la posibilidad de reencontrarse con su hijo.
Por su lado, atribuyó a su expareja los obstáculos para compartir con el menor y sostuvo que “en Colombia ningún niño debe convertirse en moneda de cambio de un divorcio ni quedar atrapado entre los intereses de sus padres y los presuntos abusos de una autoridad”.
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“Los derechos de los niños deben estar por encima de cualquier disputa y de cualquier abuso de poder”, afirmó.
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