El principal abogado del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, criticó el jueves la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar las acusaciones de crímenes contra la humanidad durante su violenta guerra contra la droga, y acusó a la corte de servir de peón de los rivales políticos del popular líder.
El asesor legal presidencial Salvador Panelo afirmó que el tribunal internacional, con sede en La Haya, Holanda, está “siento utilizado como un aparato político y de propaganda por los sospechosos habituales, que harán cualquier cosa por derrocar al presidente”.
“Aunque esperamos que los detractores del presidente hagan más teatro conforme se acerca la temporada electoral, esta descarada y flagrante interferencia y ataque a nuestra soberanía como país independiente por parte de la CPI es condenable”, dijo en un comunicado escrito.
La corte dijo el miércoles que había autorizado una investigación solicitada por la ex fiscal Fatou Bensouda sobre la campaña antidroga de Duterte, y señaló que “no puede verse como una operación legítima de las fuerzas de seguridad”.
Más de 6.000 sospechosos de delitos de drogas, la mayoría pobres, han muerto durante la campaña, según el gobierno. Grupos de derechos humanos dicen que la cifra de muertos es considerablemente más alta y debería incluir muchos asesinatos sin resolver cometidos por hombres armados en motocicletas, y que podrían ser responsabilidad de la policía.
Duterte, que ha celebrado muchas de las muertes pero niega haber autorizado ejecuciones extrajudiciales de sospechosos, no puede presentarse a otro mandato como presidente en las elecciones del año que viene debido a un límite constitucional. Pero ha anunciado que se presentará como vicepresidente, una maniobra que sus críticos han descrito como un intento de mantenerse en el poder y protegerse de la investigación de la CPI, que ya se esperaba.
En su solicitud de 57 páginas, de la que la corte publicó una versión editada, Bensouda alegó que la agresiva estrategia y la retórica belicista de Duterte contra los traficantes ya había tomado forma cuando era alcalde de la ciudad de Davao, antes de ser elegido presidente en 2016.
“En múltiples ocasiones, Duterte respaldó y alentó de forma pública el asesinato de delincuentes comunes y traficantes de droga en la ciudad de Davao”, escribió Bensouda.
La investigación abarcaría las muertes registradas durante parte del tiempo que Duterte fue alcalde y después sobre su mandato presidencial entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, cuando Filipinas se retiró del tribunal.
El fiscal jefe, Karim Khan, presentó el 14 de junio una versión escrita pública del requerimiento para abrir la investigación, inicialmente solicitada el 24 de mayo, en la que solicitaba la autorización para comenzar la investigación sobre la situación en Filipinas, según queda previsto en el artículo 15.3 del Estatuto de Roma.
En un comunicado, el CPI ha detallado que la Sala de Cuestiones Preliminares I ha apoyado la apertura de la investigación y ha considerado las reclamaciones de 204 víctimas, recibidas de conformidad con el citado artículo.
La Sala ha enfatizado que la “guerra contra las drogas” no puede verse como una aplicación de la ley “legítima”, mientras que las muertes ocurridas en estos operativos tampoco lo son y no pueden considerarse “meros excesos en una operación por lo demás legítima”.
Panelo, el asesor legal del presidente, alegó que si la corte quería investigar, tenía que haberlo hecho mientras Filipinas fue miembro de la CPI, y que ahora no tiene jurisdicción.
Pero Carlos Conde, investigador en Filipinas de Huma Rights Watch, señaló que al centrarse en los años en los que el país era miembro de la corte, la CPI tiene todo el derecho a investigar las acciones de Duterte.
El vocero de Duterte, Harry Roque, dijo que la noticia sobre la pesquisa no había perturbado al presidente cuando fue informado el miércoles por la noche .
“El presidente no tuvo ninguna reacción, porque desde el principio ha dicho que morirá antes de enfrentar a ningún tribunal internacional”, dijo Roque a la prensa.
“Si hay cualquier denuncia, deben presentarla aquí en Filipinas”, añadió.
Filipinas se integró en el Estatuto de Roma el 1 de noviembre de 2011, pero presentó una notificación escrita para abandonarlo el 17 de marzo de 2018, que se materializó un año más tarde.
A pesar de la retirada de Filipinas, el CPI ha matizado que tiene jurisdicción para juzgar los presuntos crímenes cometidos mientras era parte del Estatuto de Roma, aunque ha lamentado que, al parecer, los crímenes han continuado produciéndose después de 2019.
(con información de EP y AP)
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