A un año de las fraudulentas elecciones en Bielorrusia, la UE advirtió que considera nuevas medidas contra la dictadura de Lukashenko

La Unión Europea (UE) advirtió este domingo que podría aplicar nuevas medidas contra la dictadura de Bielorrusia por seguir “desafiando” las normas internacionales, cuando se cumple un año de las “fraudulentas” elecciones, en las que se proclamó ganador Alexander Lukhashenko pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en un comunicado que “la UE está dispuesta a considerar nuevas medidas a la luz del flagrante incumplimiento por parte del régimen (bielorruso) de los compromisos internacionales”.

La única forma de poner fin a la crisis política, señaló el diplomático español, “es mediante un diálogo nacional inclusivo”.

El alto representante recordó que el 9 de agosto de 2020 tuvieron lugar las últimas elecciones en el país, donde el pueblo de Bielorrusia vio “brutalmente frustradas sus esperanzas de elegir un líder legítimo para el país”. “Desde entonces, el pueblo de Bielorrusia ha defendido de manera constante y valiente el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Un año después, su llamada sigue sin respuesta”, agregó.

El régimen de Alexander Lukashenko ha lanzado “una campaña de represión e intimidación bien orquestada contra la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos” y para destruir las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, con el objetivo de silenciar todas las voces y suprimir el espacio cívico, añadió.

Con el aterrizaje forzoso e ilegal del vuelo 4978 de Ryanair en Minsk el 23 de mayo y la instrumentalización de los migrantes vulnerables con fines políticos, en relación a la crisis con Lituania, “el régimen ha desafiado aún más las normas internacionales”, señaló Borrell.

Por ello, junto con otros países socios, la Unión Europea “ha hecho un llamamiento al régimen de Lukashenko para que ponga fin a sus prácticas represivas”.

Borrell subrayó que solo será posible revocar las sanciones de la UE “una vez que las autoridades de Bielorrusia se adhieran plenamente a los principios de la democracia y el Estado de derecho, respeten las obligaciones en materia de derechos humanos y pongan fin a toda represión”.

La UE pidió además la liberación incondicional de más de 600 presos políticos y la puesta en marcha “de un proceso político serio, creíble e inclusivo” que culmine en unas elecciones libres y justas bajo la observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Equipo de Expertos Electorales (EEE) de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH).

Borrell indicó asimismo que, una vez que Bielorrusia “se embarque en una transición democrática”, la UE se compromete a ayudar al país a estabilizar su economía, reformar sus instituciones, crear nuevos puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida de las población. Eso podría incluir un Plan Integral de Apoyo Económico de hasta casi 3.530 millones de dólares, indicó.

La UE “seguirá apoyando al pueblo de Bielorrusia, incluso proporcionando asistencia de emergencia a las víctimas de la opresión y medios de comunicación independientes y ayuda humanitaria a la población civil y las iniciativas internacionales para exigir responsabilidades”, señaló Borrell.

Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas. Lukashenko, en el poder desde 1994, obtuvo el 80,1 por ciento de los sufragios, frente al 10,1 por ciento de la opositora Svetlana Tijanovskaya, según el escrutinio oficial difundido por las autoridades del régimen.

La oposición bielorrusa denunció un fraude masivo y exigió repetir los comicios, opción que Lukashenko descartó por completo. Por el contrario, la dictadura recrudeció la represión y persecución contra la oposición, por lo que Tijanovskaya debió exiliarse en Lituania.

Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, no reconocieron esos comicios. En cambio Rusia, China, varias naciones del espacio postsoviético, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Turquía, entre otros, dieron por válidos los resultados de la votación y brindaron un fuerte apoyo al dictador.

(con información de EFE)

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