Crisis económica en El Líbano: la ONU alertó que casi dos millones de personas necesitan ayuda

Naciones Unidas alertó de que alrededor de 1,9 millones de personas, unos 1,5 millones de libaneses y 400.000 migrantes, necesitan ayuda en Líbano a causa de la grave crisis económica que atraviesa el país y ha destacado que es necesario recaudar 300 millones de dólares para financiar los programas de apoyo a los necesitados.

La coordinadora humanitaria de la ONU en el país, Najat Rochdi, lamentó que las autoridades no hayan puesto en marcha “a tiempo” las reformas necesarias y recordó que “muchos analistas” habían predicho la crisis. “No estamos hablando de algo que nos pille por sorpresa. Creo que todos lo sabían”, aseguró.

Así, recordó que “la crisis económica, la devaluación de la moneda y el vacío de poder ha implicado un derrumbe de los servicios públicos en un momento en el que era más necesarios”, antes de resaltar que la explosión registrada en agosto de 2020 en el puerto de Beirut “ha acelerado muchas cosas”, mientras que “la pandemia ha empeorado una situación que ya era frágil”.

Entre abril de 2019 y abril de 2021 el índice de precios del consumo se incrementó en más de un 200% y el precio de la comida y la bebida se disparó en un 670%, lo que provocó que más de la mitad de la población libanesa viva en estos momentos en condiciones de pobreza.

“El país está en medio de una fase de hiperinflación, erosión del valor de la moneda nacional, la capacidad de compra de la población y lo que queda de su confianza en sus líderes e instituciones”, sostuvo Rochdi, en un momento en el que cada vez más hogares se ven incapaces de permitirse cosas básicas como la comida, la electricidad, el agua o la educación.

“El sistema de sanidad pública está sobrepasado por el doble impacto de la crisis económica y la pandemia de coronavirus. Cada vez más gente se ve incapaz de acceder y permitirse tratamiento sanitario ante la ausencia de importantes medicinas y suministros”, advirtió Rochdi.

Asimismo, hizo hincapié en los niveles alarmantes de pobreza entre los refugiados, con un 90% de los refugiados sirios en situación de pobreza extrema, un aumento del 60% desde 2019. “La crisis afecta a todos en Líbano, no sólo a los libaneses. Líbano acoge al mayor número de refugiados per cápita en el mundo, con más de un millón de refugiados sirios y más de 270.000 refugiados palestinos”, recordó Rochdi.

En este sentido, reseñó que “las situaciones son conocidas” y “la lista de reformas prioritarias está articulada muy claramente en el marco Reforma, Recuperación y Reconstrucción (3RF)”, destinado a mejorar la gobernanza, la protección social, la cohesión social, la inclusión y el género, la sanidad, la educación y la vivienda en el país.

“En todos los casos se discutió con la sociedad civil, las autoridades locales, las autoridades nacionales, el sector privado y la comunidad internacional. Es algo claro. Lo que debe hacerse es algo sabido, muy sabido”, manifestó. “El desarrollo de Líbano es responsabilidad de los libaneses”, añadió.

“Siempre esperamos que a nivel interno, ya sea a nivel de liderazgo político u otro liderazgo, haya una decisión para poner los intereses del país y los intereses de los libaneses como una prioridad”, zanjó, en medio del estancamiento del proceso para formar nuevo Gobierno desde la dimisión en agosto de 2020 de Hasán Diab tras las explosiones en Beirut.

HRW PIDE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Por otra parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) reclamó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una misión de investigación internacional, independiente e imparcial sobre las explosiones, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales en la ciudad.

“Las autoridades libanesas han tenido más de diez meses para demostrar que quieren y son capaces de llevar a cabo una investigación creíble en torno a la catastrófica explosión en Beirut, pero han fracasado a todos los niveles”, dijo Aya Majzub, investigadora de HRW para Líbano.

“Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben crear una investigación internacional e independiente sobre las causas y responsabilidades de la explosión, escuchando los llamamientos de las familias de las víctimas y la población libanesa a favor de la rendición de cuentas”, añadió.

Así, incidió en que “la explosión en el puerto de Beirut no fue un incidente aislado” y agregó que “es una ilustración muy dramática del impacto sobre los Derechos Humanos de décadas de corrupción, incompetencia, impunidad y mala gestión por parte de la élite libanesa”. “Sin una rendición de cuentas por esta explosión, nada impide que tenga lugar otro desastre”, concluyó.

El juez encargado del caso por las explosiones, Tarek Bitar, dijo a principios de junio que espera haber determinado en un plazo de dos meses las causas del suceso, antes de recalcar que adoptará “todas las medidas contempladas por la ley” para citar a posibles responsables políticos y reiteró de su promesa de que “cualquiera que sea juzgada culpable de colusión o negligencia no quedará impune”.

Bitar fue nombrado para el cargo a mediados de febrero, después de que el Tribunal de Casación aprobara el cese de su predecesor, Fadi Sauan, tras aceptar la petición presentada por los exministros Alí Hasán Jalil y Ghazi Zeaiter, que acusaron de incompetencia al juez.

Las investigaciones en torno a las explosiones fueron suspendidas en diciembre a raíz de la negativa de Diab y varios exministros imputados Jalil, Zaeiter y Yusef Fenianos de ser interrogados por Sauan, motivo que llevó a dos de ellos a reclamar que fuera cesado

(con información de EP)

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