El gobierno de España evalúa declarar estado de alarma en Madrid tras el revés judicial

La justicia rechazó este jueves el confinamiento perimetral impuesto para combatir la epidemia del COVID-19 en Madrid y otras ciudades aledañas, un revés para el gobierno español que se prepara para declarar el estado de alarma en esta región.

Seis días después de su aplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó ratificar la restricción de movilidad que afectaba a 4,5 millones de personas de la capital y otros nueve municipios de la región de Madrid, la más impactada de España por el virus con más del doble de incidencia de la media nacional.

Desde el viernes pasado, los residentes en estas zonas sólo podían salir de su localidad para ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.

En un comunicado, el alto tribunal alega que estas medidas, impuestas por el ministerio de Sanidad pese al rechazo del gobierno regional conservador, afectan “los derechos y libertades fundamentales” y que la ley utilizada no ampara su limitación.

Ante este varapalo, el jefe de gobierno Pedro Sánchez se prepara para una posible activación en Madrid del estado de alarma, que entre marzo y junio sirvió para amparar el severo confinamiento impuesto a los españoles para frenar el virus.

En conversación con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contraria a estas restricciones, Sánchez le propuso tomar las mismas medidas con una ley regional o aplicar el estado de alarma, ya sea a solicitud propia o por decisión del ejecutivo central, señaló el gobierno en un comunicado.

También anunció la convocatoria el viernes de un consejo de ministros extraordinario, el foro donde debe aprobarse esta medida que serviría para restaurar las restricciones “que ya se venían aplicando”.

“Consideramos preocupante la evolución de la pandemia en Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos encima de la mesa para doblegar la curva”, había advertido Sánchez horas antes durante una visita oficial a Argelia.

Según un comunicado de la líder regional, ambas administraciones mantendrán el viernes temprano una reunión en la que espera “pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad”.

‘Una gran confusión’

El revés judicial se recibió con desconcierto entre los madrileños, sometidos desde hace semanas a discrepancias políticas y unas normas cambiantes para frenar la pandemia.

“Hay una gran confusión porque yo, ahora mismo, no sé si estoy infringiendo o no estoy infringiendo una norma”, reconocía Carlos, un jubilado de 70 años. “Nos han liado un poco”, coincidía a su lado Mercedes, de 65.

El confinamiento parcial llegó tras un intenso rifirrafe entre el gobierno de izquierdas de Sánchez y las autoridades regionales conservadoras, que se oponían a estas restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas.

Tras conocerse el fallo, Díaz Ayuso lo reivindicó como un respaldo a sus posiciones pero, al mismo tiempo, recomendó a los ciudadanos limitar sus movimientos ante un largo fin de semana rematado el lunes con el día nacional de España.

“Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias”, dijo en una breve comparecencia donde pidió “unas medidas sensatas, justas y ponderadas”.

Desde el 21 de septiembre, su administración había instaurado medidas para limitar los movimientos en algunos barrios de la región, especialmente de clase obrera, donde la incidencia del virus superaba los 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

En su discurso, Díaz Ayuso destacó que estas medidas estaban empezando a dar resultados y señaló innecesario un cierre generalizado que sería muy negativo para la economía.

“Madrid está evolucionando bien (...) pero estamos en una situación muy alta, de las más altas de Europa”, advirtió el director del centro de emergencias sanitarias español, Fernando Simón.

En su decisión del jueves, el tribunal admite “la gravedad de la crisis sanitarias sin precedentes” que sufre el país y “la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces”, incluso “limitativas de derechos fundamentales” pero señala que debe hacerse con otros instrumentos legales.

España ha registrado más de 800.000 contagios y 32.000 fallecidos por coronavirus hasta el momento y presenta una de las incidencias del virus más altas de Europa.

Con información de AFP

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