Obstrucción de la FGR y negativa del ejército: qué dijo el IV Informe del GIEI sobre Ayotzinapa

A pocos días de haberse cumplido el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó la cuarta parte del informe sobre la investigación que han realizado en conjunto y paralelamente -dependiendo el momento temporal- con el gobierno mexicano.

Fue este jueves 29 de septiembre que emitieron el documento oficial donde indicaron que las conclusiones a las que han llegado se dieron después de la revisión que hicieron a expedientes propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Marina (Semar).

No obstante, no fue la única nueva fuente de información a la que accedieron, puesto que también indicaron que, pese a que durante el tiempo de la Procuraduría General de la República (PGR) habían demandado conocer unas intervenciones telefónicas desde los Estados Unidos, después de solicitud del actual gobierno, así como de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) se logró contar con dichas pruebas que dan por hecho que sí hubo comunicación entre elementos de las Fuerzas Armadas y grupos criminales.

Fue el conocimiento de dichas conversaciones lo que llevó a los expertos a sentenciar que sí acontecieron pláticas entre personas de Guerreros Unidos y elementos de la Marina, del Instituto de Ciencias Forenses -antes conocido como Semefo-, algunos alcaldes, personal del C4 y policías de diferentes rangos.

“También hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos”, explicaron tanto en la conferencia de prensa como en el documento de 45 páginas que hicieron público.

Fue en 2018 cuando el GIEI pudo acceder a las conversaciones que se filtraron, fue ahí cuando después de analizar detenidamente el material dieron cuenta de los roles que tenían los distintos integrantes de la organización criminal, así como la relación que fueron tejiendo “mostrando una coordinación de acciones”.

De dichas pruebas, el grupo de expertos obtuvo nueve conclusiones de las cuales se destaca la presunta relación de miembros de los Guerreros Unidos con militares, así como con agente de la Marina; además de comunicación con personal del C4, ya que conocían datos que solo manejaba dicho organismo.

Aunado a lo anterior, se detectó que, pese a que la PGR había negado que existió un trasiego de los autobuses, en las pláticas analizadas se hizo referencia a dicha situación; aunado a una “relación directa de GU con las policías municipales de Taxco, Colula e Iguala”.

Aunque la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), aceptó que se trató de un crimen de Estado, el GIEI puso en duda los mensajes que presentaron las autoridades mexicanas como parte de las pruebas que se presentaron.

Indicaron que en el informe no quedó claro cómo fue el análisis que se dio, pues muchos de los textos salían con la fecha “hoy”, otros aparecen en línea y otros con fecha, por lo que no hay consistencia en los elementos para dar una conclusión al análisis.

“En el caso del informe, si se hicieron análisis y verificaciones, deben incluirse como explicación del informe, puesto que lo demás deja dudas del procedimiento que se utilizó. Sin embargo, quien debe realizar todos los exámenes periciales es el ente investigador que de GARANTIZAR INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA Y PROFESIONALISMO EN EL ESTUDIO y si no acudir a perito independientes para realizar esa labor”, se pudo leer.

Finalmente, recalcaron que las autoridades no han cumplido con los solicitado, pues señalaron al Ejército y la Marina de no aportar elementos a la investigación, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha solicitado que éstos sean parte de loas pruebas a analizar.

Por otro lado, los expertos también denunciaron a la Fiscalía General de la República (FGR) por “obstruir, intervenir e introducir” a personas ajenas a la investigación para intimidar a los integrantes de la Unidad Especializada del caso.

Por lo cual, solicitaron como pago a los familiares de las víctimas que se atiendan los señalamientos denunciados, ya que en caso de continuar con esos señalamientos se podría lograr que el exprocurador de justicia Murillo Karam quede en libertad y no se logre una condena, en caso de que resulte culpable.

“Producto de esta judicialización débil del exprocurador Murillo Karam se corre el riesgo de que, posteriormente, no se logre una condena; no obstante, (debe) existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica”, finalizó.

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