
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder, en diciembre de 2018, la estrategia en materia de seguridad cambió. Desde su campaña presidencial, el actual mandatario había dicho que la guerra contra el narco terminaría con su arribo a Palacio Nacional e iniciaría una nueva etapa de conciliación y pacificación de México.
Han pasado casi cuatro años desde que el actual jefe del ejecutivo federal instauró la política de “abrazos, no balazos” y poco más de tres desde que fue creada la Guardia Nacional (GN), la corporación que reemplazó a la Policía Federal (PF) tras múltiples señalamientos de corrupción y colusión con el crimen organizado.
Es en este contexto donde la oposición ha lanzado múltiples señalamientos contra el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), pues aseguran que con la administración de AMLO y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), México es un país más violento, por lo que se ha puesto en tela de juicio el desempeño del gobierno para salvaguardar la vida de las y los mexicanos.

Por un lado, las críticas de los miembros del PRI, PAN, PRD y MC se han vertido en decir que gracias a la política de “abrazos, no balazos”, las fuerzas dedicadas a preservar el orden han adoptado una actitud pasiva ante los principales generadores de violencia en México; al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio, condenan la supuesta militarización que existe en la república, pues las presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es un signo de que no hay paz en el territorio nacional.
Sin embargo, ante las definiciones precisas de los señalamientos de la oposición, así como de los resultados registrados por el gobierno y organismos autónomos descentralizados, se puede apreciar que no existe una militarización ni que las instituciones guardan pasividad ante los generadores de violencia, pues, en un principio, se registró una desaceleración en los homicidios dolosos y, después, una tendencia a la baja.
Primero, la militarización de un país es el sometimiento del Estado (territorio, población y gobierno) ante las Fuerzas Armadas, que en este caso recae en el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En un segundo término, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una tendencia negativa en la incidencia de homicidios dolosos durante el último año de gobierno de AMLO.
De acuerdo con el gobierno federal, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), se registraron 36 mil 685 homicidios; cuando terminó el primer año de López Obrador, este indicador se mantuvo prácticamente igual, pues quedó en 36 mil 661; en 2020, este rubro se incrementó a 36 mil 773; y para 2021, último año de registro, se presentó una reducción notable, pues quedó en 35 mil 625.

Ante estos números, la oposición suele comparar los primeros tres años de gobierno de Peña Nieto con los primeros tres de AMLO; sin embargo, lo que no mencionan es que en el último año de Felipe Calderón, ex presidente anterior inmediato al de EPN, y en los primeros dos del priista, existió una tendencia a la baja, pero después los índices de violencia se salieron de control y llegaron hasta el número mencionado al cierre de su sexenio.
Dicha información es confirmada por el Inegi, quien mantiene un registro de observancia a este delito, donde se aprecian que los picos más elevados ocurrieron en los últimos dos sexenios, del PAN y el PRI, respectivamente, lo cual coincide con el inicio de la llamada guerra contra el narco por parte de Felipe Calderón y su continuidad con Peña Nieto.

Por el otro lado, se observa que en los primeros dos años de AMLO se manifestó una tendencia en desaceleración a los homicidios y en el tercer año, por fin, se aprecia una reducción en relación al año anterior; no obstante, esto dista mucho del periodo más bajo, que se manifestó en 2007, justo cuando estalló el periodo de ataque frontal contra los cárteles de la droga.
En cuanto a quién es el presidente que más redujo los homicidios dolosos en México, cabe señalar que no es AMLO, pues, aunque ya se manifestó una tendencia a la baja, fue durante el periodo de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando se logró reducir en un 31.2% este ilícito; del otro lado, fue durante el sexenio de Felipe Calderón que se incrementaron diametralmente los homicidios dolosos en el país, pues el crecimiento fue del 192.8 por ciento.
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