En los cuatro años que han transcurrido de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México perdió casi la mitad de su capacidad de inteligencia para investigar y desmantelar las amplias redes criminales del país, dejando en la impunidad a los criminales, consideró The New York Times en un artículo publicado este 31 de agosto.
En entidades como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, entre otras, se volvieron usuales las ejecuciones a plena luz del día y cada vez más los criminales hacen gala de su poder de fuego e impunidad sin que autoridades puedan prevenir ataques en espacios públicos. Lo normal es que las fuerzas del orden aparezcan hasta que todo ha sucedido y se limiten a vigilar escenas del crimen mientras los deudos lloran por las víctimas.
López Obrador aseguró al inicio de su mandato que su estrategia de seguridad denominada “abrazos, no balazos” estaría sustentada en apoyos económicos a las comunidades para combatir la pobreza para impedir que jóvenes se unieran a las filas de los grupos criminales, y destacó que disolver a la Policía Federal para crear una Guardia Nacional permitiría crear un cuerpo de seguridad “incorruptible.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha entregado los resultados en seguridad que prometió el presidente. Según un funcionario norteamericano que habló con The New York Times, la disolución de la Policía Federal propició que la fuerza de investigación contra el crimen en México se redujera casi a la mitad de la noche a la mañana, pues la extinta PF tenía unos 10 mil investigadores mientras que la GN tiene solo unos cientos.
El medio norteamericano abundó en su artículo que muchos funcionarios y analistas consideran que el derramamiento de sangre y la violencia continua es una una señal de que un gobierno está perdiendo el control del país, aún cuando el presidente y su gabinete de seguridad afirmaron, en agosto, que los resultados de la estrategia de seguridad llamada “abrazos, no balazos”, son positivos y la tasa de homicidios dolosos va a la baja.
Sobre esta estrategia federal de evitar una confrontación directa con grupos criminales, implementada desde inicios del sexenio, los analistas plantearon al rotativo estadounidense que el resultado más evidente es que se destruyó la inteligencia de seguridad y hasta ahora el planteamiento de “abrazos, no balazos” no ha logrado sofocar la carnicería en que viven inmersos muchos estados del país.
Alejandro Hope, analista de seguridad en México, analizó datos del gobierno federal y señaló que aunque la Guardia Nacional casi triplica en tamaño a su predecesora, en 2021 apenas realizó alrededor de 8 mil detenciones en comparación con los 21 mil 700 de la Policía Federal en 2018. Destacó que solo 14 de las detenciones de la Guardia Nacional se debieron a labores de inteligencia.
“Sin buenas unidades de inteligencia e investigación, siempre estarás apagando incendios y no evitando que comiencen”, dijo Cecilia Farfán Méndez, investigadora de seguridad de México en la Universidad de California en San Diego.
Grupos criminales se mueven bajo la impunidad
La impunidad motivó a que los grupos criminales busquen, a través de la violencia extrema, su expansión por el territorio nacional y atraviesen las fronteras estatales sin que las policías locales puedan hacerles frente, pues usualmente se ven superadas en armamento por los delincuentes.
El mes de agosto fue una clara muestra de la impunidad con la que operan los cárteles de la droga, pues estos ejecutaron actos de violencia en contra de la población civil en estados como Baja California, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.
Particularmente, el caso de Guanajuato deja en evidencia la incapacidad de los gobiernos municipales, estatales y federales para contener a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que decidió desplazar al grupo local denominado como el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Sin embargo, los niveles de violencia han ido más allá de los ajustes de cuentas entre grupos criminales y las agresiones se han extendido a la población civil e incluso alcanzaron ya a representantes religiosos.
Por esa razón, el obispo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, señaló a The New York times que los representantes de la Iglesia Católica se han visto a levantar la voz para hablar de temas que no solían tocar antes, por lo que pidieron al gobierno federal recuperar la seguridad en el país.
“¿Qué debería hacer el gobierno? Regir. ¿Y qué debe hacer un médico? Cuidar a los enfermos. ¿Un ingeniero civil? Construir caminos”, apuntó el obispo.
Sobre el constante movimiento de los grupos delictivos entre distintas entidades, el líder religioso dijo que se trata de “un fenómeno que se llama el fenómeno de las cucarachas, están cruzando las fronteras de un estado a otro”.
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