Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que, desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobierno federal ha rescatado a 77 mil 498 personas de las redes de traficantes.
Este domingo 28 de agosto, durante la II Conferencia Nacional de Migración (CNM), Germán Adolfo Castillo, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), puntualizó que en el último mes de 2018, fueron rescatadas 533 personas; en 2019, 22 mil 189; en 2020, año que inició la pandemia de COVID-19 en México, 6 mil 249; en 2021, 28 mil 804: y, en lo que va de 2022, van 19 mil 723.
Durante la conferencia, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, así como integrantes de la sociedad civil e instituciones internacionales, intercambiarán propuestas para fortalecer la coordinación mutua con el ánimo de gestionar flujos migratorios desde una perspectiva segura, ordenada y regular.
Por su cuenta, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, desde diciembre de 2018 a agosto de 2022, se han iniciado 4 mil 707 carpetas de investigación por delitos relacionados a tráfico de personas. El mayor número éstas se concentran en los estados de Nuevo León con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251; Coahuila, 236; Estado de México, 229; Chihuahua, 224; Baja California, 190; Puebla, 144; y Tlaxcala, 59.
Los que menos tienen son Sonora con 52; Hidalgo, 38; Zacatecas, 37; Quintana Roo, 35; Ciudad de México, 30; Querétaro, 26; Guanajuato, 23; Durango, 22; Aguascalientes, 20; Campeche, 13; Baja California Sur, seis; Yucatán y Guerrero, cuatro, respectivamente; Jalisco, dos; y Colima, uno.
Derivado de las tareas relacionadas a dichas carpetas, 2 mil 286 personas han sido judicializadas por tráfico de personas, se han realizado 2 mil 31 detenciones legales, mil 653 han sido vinculadas a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 personas han sido sentenciadas.
Es en este contexto donde la fiscalía a cargo de Alejandro Hertz Manero propuso una serie de reformas a la Ley de Migración (LM), con la finalidad de tener mejores resultados en la persecución del delito de tráfico de personas.
Castillo Banuet destacó que hay resultados concretos en la persecución del delito; sin embargo, enfatizó que se requieren acciones legislativas para tener mejores resultados y hacer más eficaces las investigaciones desde la detención, puesta a disposición y hasta obtener una sentencia contra los probables responsables.
Por lo que planteó reformas a los artículos 3, 67, 68, 97, 98, 105, 159, 160 y la adición del artículo 160 de dicha ley para simplificar la comprobación del delito. Ante la posibilidad de mejorar los procesos relacionados al tráfico de personas, explicó que hay tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz en contra del tráfico de personas.
El primero de ellos es justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes, ya que cada día los tribunales ponen mayores exigencias para que una intervención de una autoridad administrativa o de seguridad pública genere una legal detención; en segundo lugar, señaló la falta de imputación y colaboración de las víctimas, ya que los juzgadores, a pesar de la vulnerabilidad de éstas, piden expresamente que sean los agraviados quienes hagan imputaciones de manera directa; y finalmente, la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal como la comprobación del lucro a través del lícito y la comprobación de la intención de la evasión de la revisión migratoria.
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