De incursiones nocturnas a drones: las tácticas que usa el CJNG para desplazar comunidades

La disputa por el control de la Sierra-Costa de Michoacán ha dejado un rastro de violencia y desplazamiento forzado en comunidades rurales de la región. En municipios como Coahuayana, habitantes y policías comunitarios han tenido que asumir la defensa de sus territorios ante la presión de grupos armados y la falta de garantías de seguridad.

Esta franja del Pacífico es considerada estratégica para el tráfico de drogas, precursores químicos y armas, por lo que se ha convertido en uno de los frentes más disputados entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales que buscan controlar rutas y comunidades en la zona serrana y costera.

Testimonios recogidos en uno de los videos recientes del canal Ruido Social, de Eva María Beristain, documentan algunas de las tácticas utilizadas por el CJNG para provocar el desplazamiento de la población para hacerse de territorios.

Laura, una activista de una organización de derechos humanos que acompaña a víctimas de desplazamiento, describió cómo opera este grupo criminal.

El método más frecuente inicia con la ocupación de los cerros que rodean las comunidades, donde los grupos armados instalan puestos de vigilancia y controlan los accesos principales. Desde esas posiciones elevadas, realizan ataques esporádicos, disparando de forma indiscriminada contra las viviendas para infundir miedo y desestabilizar a la población. La finalidad es someter a los habitantes y debilitar la resistencia antes de intentar tomar el control directo del pueblo.

“Todas las que hemos visto han actuado de esta manera: ponerse en los cerros, el uso de armamento de fuerte calibre, de drones, el entrar con carros monstruo, el atacar las casas de manera generalizada...”, relató en entrevista.

Entre las innovaciones tecnológicas sobresale el uso de drones cargados con explosivos. “Y también empiezan a aventar bombas con los drones. Igual, es de manera generalizada”, detalló Laura.

Las incursiones suelen realizarse en la madrugada. Los sicarios ingresan a pie y avanzan por las calles lanzando disparos al aire y gritando el nombre del cártel para intimidar a la población. Una vez dentro del pueblo, van casa por casa y despojan a las familias de teléfonos, alimentos, armas y vehículos, buscando incomunicarlas y obstaculizar cualquier intento de resistencia o denuncia.

La huida tras los ataques

Cuando los operativos y ataques armados del CJNG se intensifican, las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares de manera repentina. Muchas personas no tienen tiempo de recoger pertenencias o buscar refugio seguro; simplemente salen al monte o a comunidades vecinas en busca de resguardo.

El miedo a ser asesinados, secuestrados o reclutados por la fuerza los empuja a dejar atrás casas, tierras, animales y medios de vida.

Elvira Ontiveros Martínez relató a Ruido Social cómo, tras el asesinato de su hijo y otros familiares, tuvo que abandonar su comunidad y enfrentarse a la pérdida total de su patrimonio.

“Llegó la gente mala allá arriba donde nosotros vivíamos. Mi hijo ahí estaba y lo agarraron y se lo llevaron. Yo anduve con ellos allá para que me lo entregaran y nomás anduve y no, no me lo entregaron. Ya lo tenían tirado ahí en el suelo. Él les dijo a ellos que él no se iba a quedar a trabajar con ellos. Me dijeron que me fuera y yo les decía que no me iba. [...] Varias personas viven lo mismo”.

Evangelina Contreras Ceja, por su parte, describió la dificultad de buscar ayuda, la falta de respuesta de las autoridades y la sensación de desamparo permanente. En ambos casos, el desplazamiento no solo implica la pérdida material, sino también el desarraigo, la fragmentación familiar y la incertidumbre sobre el futuro.

“Yo desde el 2016 que fui desplazada estoy peleando con Comisión de Víctimas, que reconocieran lo del desplazamiento. Nunca lo quisieron hacer. Cuando ven a uno las autoridades dicen: pero no hables de desplazamiento. [...] Es un delito de lesa humanidad y de alto impacto y no lo quieren reconocer las autoridades, porque si ellos llegaran a reconocer este delito, tienen que apoyar a las personas, tienen que darles un asentamiento y no quieren. [...] Para el gobierno tal vez es fácil y es lo mejor para ellos, porque de esa forma se quitan un problema de encima y dicen: pues fue el crimen organizado, se lavan las manos muy fácil.”

La ofensiva del CJNG y la respuesta de grupos rivales y autodefensas tienen su epicentro en municipios como Coahuayana, Aquila, Chinicuila y Coalcomán. En estos territorios, comunidades como Huitzontla, Villa Victoria, Tehuantepec, La Nogalera, Los Ojos, Agua Colorada, San Ignacio de Alcalá, Huihuitlán, Santa María Ostula, Maquili, Palos Marías, Santa María Miramar, Coire y El Órgano han sido escenario de ataques armados, incursiones nocturnas, desplazamiento forzado y constantes enfrentamientos.