México afronta actualmente el complejo tema de la trata de personas, con crecimientos considerables en número de víctimas por año.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros seis meses del año en curso se registraron 494 víctimas en todo el país por el delito de trata de personas, lo cual se traduce en un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior.
En caso de mantenerse dicha tendencia, para el cierre del año las cifras del gobierno podrían reflejar más de mil víctimas de trata, algo que no ocurre desde 2015, cuando se registraron mil 171 personas afectadas por dicho delito.
Sin embargo, los resultados oficiales del último semestre no tomaron en cuenta la cifra negra, es decir, los delitos no reportados, que representaron un 93% del total, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en su último informe.
Grupos civiles como el Consejo Ciudadano han estimado que en México solo se denuncia uno de cada 100 casos de trata. La mayor parte de las víctimas no pueden denunciar por una serie de razones, entre ellas la falta de recursos, la estigmatización o la manipulación por parte de los victimarios.
Un informe publicado este año por el Departamento de Estado de EEUU sobre el delito de trata de personas reveló que por octavo años consecutivo el gobierno de México “no cumple con los estándares mínimos” para combatir y eliminar la trata de personas, aunque esté, según reconoció EEUU, “haciendo esfuerzos significativos”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, los que corren mayor riesgo de ser víctimas de ese delito son menores sin acompañantes, indígenas, solicitantes de asilo, migrantes, miembros de la comunidad LGBTQI+, trabajadores informales y otras poblaciones vulnerables.
“La mayoría de los casos de trata son perpetrados por familiares, parejas sentimentales, conocidos en redes sociales o mediante engaños relacionados con ofertas laborales”, indicó el informe.
En los primeros seis meses de 2022, los estados de Baja California, Chihuahua y Nuevo León representaron una cuarta parte (122) del total de víctimas de trata registradas y poco menos del 25% (95) de las 411 investigaciones abiertas por las autoridades.
En los últimos dieciocho meses, estos tres estados se contaron entre los primeros 10 estados donde la Línea de Atención sobre Trata de Personas Mexicanas, atendida por el Consejo Ciudadano, recibió el mayor número de llamadas denunciando trata de personas.
En Baja California y Chihuahua, las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez son conocidas como centros de explotación sexual y laboral, mientras que el centro manufacturero de Monterrey, en Nuevo León, ha sido por largo tiempo una base de operaciones de los tratantes de personas.
A las potenciales víctimas se les ofrecen oportunidades laborales atractivas con buena paga, pero sin detalles específicos sobre los requerimientos del empleo. Las promesas de desarrollo personal y profesional actúan como “máscara de las condiciones de explotación”, según señaló Consejo Ciudadano.
Las víctimas pueden ser obligadas a trabajar jornadas extendidas por menor paga o ser inducidas a la prostitución después de aceptar una oferta laboral como meseras o como parte de un contrato de modelaje.
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