El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional con sedes en Tijuana, Baja California, deben garantizar la seguridad de Ismael Zambada Imperial, el Mayito gordo, para que el integrante del Cártel de Sinaloa no sea maltratado, incomunicado o detenido de manera ilegal en suelo mexicano.
Un juez de Tijuana advirtió a las dos dependencias federales, quienes no han informado su cumplimiento a la suspensión de plano concedida de inicio al hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, cuyo recurso fue promovido en previsiones a su posible deportación desde San Diego, California.
Si ambas delegaciones se niegan a obedecer, la autoridad judicial precisó que se ejercerá la acción penal correspondiente e, incluso, eso podría considerar un castigo contra el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional de Baja California.
Y es que el Mayito gordo ya fue beneficiado desde el pasado 26 de julio en términos jurídicos y con garantías básicas de trámite. Eso quedó determinado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Tijuana.
De acuerdo con los registros del caso, el hijo del Mayo Zambada no debe ser incomunicado, maltratado, ni torturado. Tampoco tiene que enfrentarse a una retención con falta de sustento legal. Es decir, un posible arresto arbitrario o sin motivos sólidos que rayarían en la privación ilícita de su libertad.
“Se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos de autoridad, que el promovente aduce sufre”, apuntó en su momento el juez Carlos Gutiérrez López.
Áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) ya notificaron que están cumpliendo con esas protecciones en la medida de sus posibilidades. Entre esas divisiones está la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
También han obedecido la Unidad Especializada de la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud; así como la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Pero hasta el pasado 28 de julio, la autoridad judicial no tenía elementos para saber que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración cumplen con lo que fue acordado para que no sea afectada la integración personal del Mayito gordo. De ahí que recibieron un ultimátum o pudiera haber consecuencias.
“Requiérase por última ocasión a las citadas autoridades responsables, para que de inmediato, informen el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este asunto”, aseveró Gutiérrez López.
Apenas este 27 de julio, el mismo juez de Tijuana informó que no habían localizado a Zambada Imperial en la ciudad fronteriza, por ello giró instrucciones para que fuera buscado en la Ciudad de México, donde residen instituciones que podrían tener conocimiento de su deportación de Estados Unidos.
El amparo promovido por su presunta representación legal aún no ha sido ratificado. Pero al menos hay documentos que avalan que no está torturado o incomunicado por la FGR. Eso es posible porque, todo indica, ni siquiera ha ingresado a México y sigue bajo jurisdicción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, las garantías de protección no han sido confirmadas en Tijuana. Eso puede dejar carta abierta para sospechar que ya fue devuelto y no se le cumplieron beneficios básicos. Sin embargo, las hipótesis más claras señalan que aún está a la espera de que le sea concedido permanecer en Estados Unidos bajo libertad supervisada, sin volver a casa.
Hace una semana, el 21 de julio, fue liberado antes de cumplir los nueve años que recibió en castigo por aceptar su culpabilidad en 2021 de dos cargos de narcotráfico como líder del Cártel de Sinaloa. Los fiscales de la Corte de San Diego apelaron para que saliera de prisión 16 meses antes, tras su arresto en Culiacán en 2014 y posterior extradición en 2019.
El Mayito Gordo pagó 5 millones de dólares de multa y cooperó con autoridades de Estados Unidos. Supuestamente quiere quedarse en ese país, pero entonces estaría vigilado durante tres años, sometido a condiciones que le impedirían comunicarse con su padre. En cambio, si se le concede regresar a su tierra, esa supervisión será eliminada. Mientras tanto, ya se han prevenido con un amparo en caso de que vuelva, aunque eso no impide que le sea cumplimentada una orden de arresto, solo precisa que el procedimiento debe ser conforme a derecho.
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