
En México casi la mitad de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios fueron acusadas de haber cometido secuestro u homicidio; así lo dio a conocer el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de su Libertad en México, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
El estudio reveló que, de los delitos por los que fueron detenidas, el secuestro corresponde al 25 por ciento de los casos; es decir, una cuarta parte del total. Por su parte, el homicidio representó el 20 por ciento; dos de cada diez mujeres presas.
De acuerdo con el titular de la dependencia encargada de la realización del informe, Alejandro Encinas, el estudio parte del reconocimiento de la tortura sexual como un delito y una violación a los derechos humanos, que impacta en las víctimas y rompe redes de apoyo y familias.
El diagnóstico se realizó a través de una serie de entrevistas a mil 280 mujeres en 66 centros penitenciarios en los 32 estados de México, con lo cual, se da cuenta de la difícil situación que afrontan las mujeres involucradas en hechos delictivos, quienes, al ser víctimas de tortura sexual al tiempo que enfrentan un proceso penal como delincuentes, sufren una doble vulnerabilidad, indicó Encinas.

Según el informe, los otros delitos por los que son detenidas abarcan: robo, en un 14 por ciento, delitos contra la salud, con un 11.4 por ciento, fraude en poco más del 3 por ciento y posesión de armas con un 2.8 por cada cien.
De esta manera el secuestro y el homicidio conforman el 45.77 por ciento de los casos, mientras que otros delitos que van del uno al dos por ciento, son: delincuencia organizada; violación; trata de personas; feminicidio; extorsión y en menor medida: pederastia; allanamiento de morada; desaparición forzada; abuso sexual; asociación delictuosa; violencia familiar; cohecho y aborto.
Por su parte, de acuerdo al año de detención, la gran mayoría fue presa en los últimos 3 años, tratándose del 48.8 por ciento, mientras que el 31 por ciento fueron arrestadas entre 2013 y 2018, por lo que casi el 80 por ciento de la población en las prisiones femeniles mexicanas tiene menos de 10 años recluida. En tanto, sólo el 15 por ciento fueron apresadas entre 2006 y 2012, mientras que un 3 por ciento lo fueron de 1992 al 2005.
También, el informe señaló en qué lugar fueron detenidas las mujeres entrevistadas, siendo el espacio público el más recurrido con el 50 por ciento de los casos. El hogar fue el segundo lugar más usual para realizar detenciones con 3.6 personas de cada diez.

Respecto a las autoridades que realizaron los operativos, la Policía de Investigación y la Policía Municipal fueron quienes más detenciones realizaron, abarcando casi el 60 por ciento del total, mientras que la policía estatal y federal operaron el 16 por ciento y 5 por ciento, respectivamente. Menos del 5por ciento fueron detenciones llevadas a cabo por otras instituciones federales, como la Marina, la Defensa Nacional, Migración, la Policía Ministerial o los ministerios públicos locales.
Sin embargo, poco más del 6 por ciento nunca supo qué autoridad la detuvo porque al momento no se identificaron, al tiempo que más del 65 por ciento acusó no haber sido informada sobre el delito que se les imputó, y al 80 por ciento no se les dieron a conocer sus derechos, por lo que en México se tiene la tendencia de no brindarle la información pertinente a las personas detenidas.
No obstante, es posible encontrar relación entre el delito cometido y el haber informado sobre éste al momento de la detención; mientras que por portación de arma al 49 por ciento de las detenidas se les informó el delito, únicamente al 18 por ciento de las acusadas por trata de personas se les dio a conocer el nombre del mismo.

Durante el proceso de detención y traslado, se observa que el 37 por ciento fueron presentadas en las primeras tres horas antes el Ministerio Público; sin embargo, hay casos que dicho proceso llega a tardar hasta un mes, como sucede en el 2 por ciento de los sucesos, o hasta siete días, correspondiente al 24 por cada cien. Con esto, se viola el principio de inmediatez en la presentación.
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