
El desempleo, la inseguridad o las esperanzas por una mejor calidad de vida mueve a miles de migrantes indocumentados cada año a la frontera sur de México: el punto de partida de un larga y riesgosa travesía rumbo a los Estados Unidos (EEUU).
No obstante, una gran parte de quienes viajan no logran culminar su trayecto debido a los numerosos peligros que se enfrentan en el camino, tales como el crimen organizado, los tratantes de personas, las condiciones precarias o la propia naturaleza.
Esta última, por ejemplo, cobró la vida de dos salvadoreños: un padre y su hijo de tan sólo siete años, quienes, el 18 de mayo pasado, intentaron cruzar el violento cauce del Río Suchiate en la frontera que separa a Guatemala de México.
Pese a la fuerza del agua y a las torrenciales lluvias reportadas en aquel momento, el hombre de 36 años decidió intentar pasar el arroyo con su pequeño en brazos, mientras su esposa los seguía por atrás; de tal modo que los tres llegaran a tierra azteca.

La familia logró avanzar unos cuantos metros río adentro, pero la agresiva corriente separó al menor de su padre. En su desesperación, el hombre intentó rescatarlo, pero también pereció por el afluente desapareciendo entre las aguas del Suchiate.
Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, a la altura de la comunidad El Chical, municipio de Tuxtla Chico. Esto, luego de que se diera aviso a las autoridades de Guatemala y de México, donde intervino el Instituto Nacional de Migración (INM), Protección Civil y Policía Estatal.
En tanto, la madre y esposa de las víctimas sobrevivió, aunque fue ingresada en el Hospital General de Tapachula, en Chiapas, por la crisis emocional tras la muerte de sus dos familiares. Ante ello, el Gobierno de México le concedió una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
En tanto, el Consulado de El Salvador realizó las gestiones pertinentes para que el 24 de mayo se repatríen los cuerpos y éstos puedan ser sepultados en su lugar de origen.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) informó que el 75% de los migrantes reportados como desaparecidos y después localizados en territorio mexicano estaban detenidos e incomunicados en las estaciones migratorias del Gobierno.
“Esto nos refleja que lo que sufren las personas al ser alojadas en este tipo de espacios y en estancias provisionales migratorias es lo que da (lugar) a la desaparición de personas migrantes”, advirtió en una conferencia Xamara Navarrete, encargada de atención jurídica del SJM y coautora del reporte.
La organización ha atendido mil 280 casos de personas desaparecidas desde 2007, con las mayores cifras en 2018, 2019 y 2021, aunque el reporte avisa que no hay un consenso sobre cuántos migrantes han desaparecido en México.
Mientras que el Movimiento Migrante Centroamericano calcula cerca de 80.000 casos de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno solo reconoce casi 3.000 personas extranjeras no localizadas desde 1964.
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