El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que guarda la intención de transferir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la coordinación y conducción de las Unidades Administrativas y Finanzas de los entes de la Administración Pública Federal.
Dicho decreto contempla que las únicas dependencias que no entran en este proyecto son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).
Y es que la tarde de este martes 26 de abril el ejecutivo federal hizo llegar al Palacio legislativo de San Lázaro la reforma que tiene por objeto sostener una de las principales promesas de campaña del mandatario federal, que es luchar contra la corrupción y la impunidad, por lo que la dependencia encargada de revisar la actuación de los funcionarios adquirirá nuevas facultades.
Para lograr esto, el jefe del ejecutivo federal propuso modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), donde además de migrar estas facultades de la Hacienda federal a la Función Pública, ésta última tendrá la política general de contrataciones públicas, con lo cual adquiriría la facultad de participar en negociaciones comerciales.
Dicha determinación tendrá efecto, en caso de ser aprobada, en las adquisiciones que orqueste el Estado mexicano al extranjero y que tengan el carácter de estratégicas para la población. Otra facultad que se contempla que podría adquirir la secretaría a cargo de Roberto Salcedo Aquino sería la contratación de servicios.
Esto último resulta de suma importancia para la administración pública federal, pues de este modo, la SFP podría tener gran injerencia en la celebración de contratos de bienes y servicios, esto en virtud de poder supervisar la actuación de la Administración Pública Federal y generar posibles ahorros al gobierno.
Junto con estas modificaciones, la dependencia a cargo de Salcedo Aquino tendrá la capacidad de poner y quitar a los responsables de las unidades de Administración y finanzas, esto en virtud de mantener un mayor control de vigilancia contra la corrupción y evitar posibles casos de desvíos de recursos. Asimismo, tendrá injerencia en las paraestatales, pues podrá poner, en los órganos de esta naturaleza, a los titulares.
El texto que será discutido en la Cámara baja contempla la reducción de la burocracia, pues propone reducir los órganos internos de control por sector, materia, especialidad o función. Con esto, se prevé que la SFP tenga la capacidad de prevenir posibles actos de corrupción durante los procesos de adquisición de insumos, servicios o bienes necesarios para la operativa del Estado.
Durante la exposición de motivos, el texto promovido desde Palacio Nacional sentencia que los cambios promovidos en la modificación de la LOAPF incentivan los atributos de la SFP y coadyuvarán a que el gobierno mantenga un control libre de corrupción e impunidad “mediante la vigilancia del gasto público durante su ejecución, garantizando su administración transparente, eficiente, austera y sin corrupción”.
El rediseño de los organismos de control atiende a diversos objetivos además de la mejora en los mecanismos que combaten la corrupción, pues también se prevé la posibilidad de reducir estructuras, lo cual corresponde a la austeridad republicana, la generación de ahorros para el erario federal y la eficacia operativa del personal que quede a cargo de los puestos de control. Asimismo, se espera tener un efecto positivo en la vigilancia y evaluación de la administración pública.
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