Fraude en Ficrea: Rafael Olvera fue procesado y enfrenta cinco prisiones preventivas

Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien fuera dueño de la microfinanciera Ficrea, fue vinculado a proceso y enfrenta hasta cinco autos de formal prisión por diversos delitos relacionados con el fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, el exsocio mayoritario de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) es acusado de defraudar a cientos de ahorradores, entre personas físicas y morales que aportaron recursos a la microfinanciera.

Pero una vez que la sociedad recibió el dinero, Olvera Amezcua trianguló los depósitos para que llegaran a entidades anónimas, con lo cual causó la quiebra de la asociación y corrompió el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores.

El exdueño de Ficrea fue deportado de Estados Unidos el 2 de marzo pasado. Desde entonces por fin enfrenta a la justicia tras mantenerse prófugo y casi ocho años después de defraudar a seis mil ochocientos mexicanos por montos que suman más de 7 mil 500 millones de pesos.

La Fiscalía Especializada de Control Competencial obtuvo la vinculación a proceso en audiencia ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

El cargo que enfrenta Olvera Amezcua es por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.

Según las investigaciones, el monto estipulado en este ilícito es por 185 millones 41 mil 280 pesos. De ahí que se le dictó la primera prisión preventiva justificada y un periodo de tres meses para las indagatorias complementarias.

Sin embargo, el exdueño de Ficrea también es procesado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en cuatro casos relacionados con la defraudación a los ahorradores en la misma microfinanciera.

El informe de la FGR señala que el acusado fue mantenido en prisión por determinaciones del juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, pues es imputado por la simulación de operaciones que afectaron a Ficrea al adquirir recursos en el país, a sabiendas de que procedía de actividades delictivas.

Mientras que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, le dictó la misma medida cautelar por intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de la asociacón que encabezaba.

La misma autoridad judicial decidió mantenerlo tras las rejas por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues pudo trasnferir dinero a cuentas en el extranjero. En esta carpeta también le atribuyen ilícitos de asociación delictuosa.

El reciente 6 de abril, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, le dictó la formal prisión por ser omiso en el registro de operaciones en Ficrea, según lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.

De acuerdo con las investigaciones, Rafael Antonio Olvera Amezcua posiblemente dispuso de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir once inmuebles en Acapulco, Guadalajara, Estado de México y Ciudad de México.

Ficrea brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Operaba como una Sociedad Financiera Popular gracias al aval del gobierno que recibió en 2008. Dos años más tarde, esta caja de ahorro fue comprada por un grupo de empresarios, entre los que destacó Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92% del capital de la compañía.

Los nuevos operadores la hicieron crecer hasta que se convirtió en la segunda Sociedad de Ahorro Popular más grande del país. Pero el escándalo llegó cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) auditó la empresa y detectó varias operaciones irregulares, así que decidió suspender las operaciones el 7 de noviembre de 2014.

La Sofipo tenía una cartera de crédito de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 900 millones de pesos fueron transferidos a otras empresas, dejando un total de 6 mil 800 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.

Los afectados firmaban dos contratos. El primero con Ficrea, con el que se les otorgaba un crédito, y el segundo con otra empresa relacionada como Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial a donde desviaban los recursos sin supervisión de la Comisión Bancaria.

El mayor beneficiario de los recursos fue Rafael Olvera Amezcua, quien se dio una vida de lujos, por lo que fue demandado ante una corte de Florida. Ahora enfrenta a la justicia y las autoridades federales han prometido darle seguimiento para que responda por sus fraudes.

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