Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció la labor parlamentaria de los integrantes del Senado de la República para aprobar la reforma que replantea el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, con la cual las y los funcionarios podrán deliberar libremente sobre la Revocación de Mandato y otros procesos electorales.
Esta iniciativa establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público y etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público”.
Bajo esa definición, subrayó que la intención es hacer efectivo el derecho de libertad de expresión de las personas, para poder manifestar ideas y no limitar el derecho a la información de los ciudadanos para recibirlas y que con base en eso formen su criterio.
En este sentido, reiteró que la iniciativa que fue presentada por él junto con Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, y Mario Rafael Llergo Latournerie, representante de Morena ante el INE, atiende a la coyuntura histórica en la que se presentó la baja difusión de la Revocación de Mandato.
Ante esta situación, el abanderado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que esta reforma evita cualquier distorsión en la que han incurrido los órganos electorales, en la que cada vez restringen más la manifestación de ideas, ya sea de viva voz, en redes sociales o en entrevistas para los servidores públicos.
La única limitación en el ejercicio de la manifestación de ideas es la de no utilizar recursos públicos para pagar propaganda en veda, es decir, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
Explicó que las vedas, periodo donde se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, deben ser entendidas como la utilización de recursos, más no una limitación que se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan diversos servidores públicos, que en su calidad de ciudadanos tienen derecho a hacerlos.
Asimismo, cabe destacar la celeridad con la que fue presentada, aprobada en San Lázaro, ratificada en el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Nación (DOF). Esto porque la iniciativa fue presentada el jueves 10 de marzo y en la tarde del 17 fue publicada para tener vigencia.
Desde su presentación, las bancadas opositoras (PRI, PAN, PRD y MC) condenaron que se trata de una violación a los procesos electorales en México; sin embargo, como Gutiérrez Luna aceleró el proceso de votación, esta iniciativa no pasó por la dictaminación a la que se someten todas las propuestas de reforma en la Comisión Ordinaria correspondiente, sino que pasó directo a la votación, donde la mayoría de Morena y sus aliados (PT y PVEM) la aprobaron.
En este sentido los detractores parlamentarios presentaron toda la resistencia que pudieron, pero no fue suficiente para que pasara esta iniciativa, ya que en la Cámara de Diputados la votación cerró con 268 expresiones a favor, 213 en contra y cero abstenciones. Mientras que en la Cámara Alta, la suerte fue similar, pues fueron 67 legisladores a favor y 25 en contra. De tal modo que al verse rebasados, llamaron a las bancadas adscritas a la 4T “la dictadura de las mayorías”.
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