
Regina Irastorza, joven que acusó de violación al diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Alberto Romero Vázquez, informó que solicitó a organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que intervengan en su caso para que se haga justicia.
En conferencia de prensa desde el Senado de la República y acompañada de las legisladoras del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre, Regina Irastorza declaró que sus derechos constitucionales y como víctima fueron violentados por las instituciones del Estado.

La joven detalló que junto a sus abogadas, han solicitado apoyo internacional a través de un despacho jurídico llamado Justicia y Reparación, con sedes en Chile, Perú y Argentina, para pedir la intervención de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de las Naciones Unidades (ONU).
“Tengo el antecedente de que han solicitado en otras ocasiones la intervención en asuntos de cuestiones de vulnerabilidad de derechos de género”, agregó.
Asimismo, señaló que han pedido que intervenga la Convención Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con la vulneración a sus derechos humanos como víctima, entre otros, por la falta de perspectiva de género en la Fiscalía para indagar y obstaculizar su proceso en un juicio oral.

Durante la conferencia, Irastorza recordó que conoció a Jorge Romero derivado de un vínculo de confianza entre su familia y la familia política del diputado, por lo que el día de los hechos “no estaba con ningún desconocido”.
La joven también expuso que por corrupción, incompetencia, ignorancia u omisión del personal que labora en el Centro de Justicia para las Mujeres, específicamente de la Unidad de Atención Integral de la Mujer, un agresor sexual enfrenta un proceso en libertad con las medidas cautelares mínimas, “porque así lo decidió la Fiscalía de Guanajuato”.

Regina explicó que el MP entregó al panista un escrito de acusación a modo, del cual no tuvo oportunidad de revisar antes de que fuera presentado al juzgado, así como reclasificó el delito de abuso sexual y cambió los hechos por los cuales fue vinculado a proceso. Estos cambios, dijo, sí fueron informados a la parte acusada, dejando en claro “la complicidad entre las partes”.
“La Fiscalía integra un ‘informe’ determinando que en la parte trasera de una camioneta familiar no cabe la posibilidad de una cópula de dos personas. Pareciera que no me creen y que quieren hacerme quedar como una mentirosa modificando los hechos en beneficio del acusado”, lamentó.
Manifestó que con eso la revictimizan de nuevo, como primero lo hizo una defensora pública amiga del acusado, miembro de un colectivo feminista, quien permaneció dentro de las instalaciones de los juzgados de oralidad penal de Irapuato por más de 8 horas el 31 de agosto, día en que fue vinculado a proceso, y quien hizo del conocimiento público su identidad.
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