A pesar de que una de las banderas del gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” ha sido el “combate a la corrupción”, todo indica que, como en sexenios pasados, los programas sociales siguen siendo un gran medio para desviar recursos públicos.
Y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un boquete financiero por 900 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública de 2019 del programa Bienestar del estado de Chihuahua, encabezado por el delegado morenista Juan Carlos Loera de la Rosa.
De acuerdo con varios medios locales, los llamados “Servidores de la Nación” censaron y registraron a 62 mil beneficiarios de dicho programa en el municipio de Guazapares; sin embargo, la población cuenta con solo 8,169 personas. Es decir, hay un faltante de beneficiarios de casi 54 mil personas.
Esto fue denunciado este jueves por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza a través de su cuenta de Twitter, cuya publicación se viralizó.
Como era de esperarse, los datos provocaron la indignación de cientos de usuarios de la plataforma, quienes atacaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador:
“Censaron a los muertos de los últimos 100 años, son iguales al PRI”, “No es falso pero tampoco es verdadero ¿o cómo era?”, “No son lo mismo; son peores”, “La nueva versión de la Estafa Maestra 4T”, son algunas reacciones que se pueden leer.
Cabe mencionar que aún falta por analizar el resto de los 66 municipios de Chihuahua y que el delegado, Loera de la Rosa, aclare esta situación y puntualice el número de beneficiarios en cada una de las localidades.
Mientras tanto, casos similares se presentaron en Santa María Chilchotla, Puebla, en cuya entidad la delegación de Bienestar reportó seis veces más de beneficiarios respecto a la población; así como en Minatitlán y Cuauhtémoc en Colima, en cuyas municipalidades se registraron 7,883 beneficiarios, pero la población de ambas alcanza los 3,347 habitantes.
Irregularidades por 563 millones de pesos en gobierno de Chihuahua
Dentro del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF revisó un total de 254 acciones en las cuentas del estado de Chihuahua, donde al menos 43 tuvieron una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, calculada en 563 millones 921 mil pesos.
En la primera y segunda entrega del informe de la cuenta pública, en Chihuahua se practicaron 17 auditorías en un universo seleccionado de 17 mil 123 millones 996 mil pesos, donde se revisaron 90.0% del recurso y se aplicaron 57 acciones, de las cuales 43 tienen una promoción de responsabilidad que debe ser resuelta por la nueva administración.
Entre las acciones, existen 134 señalamientos solventados y existen 12 en peligro de observación por lo que existen 563 millones 921 mil pesos sin determinar, lo cual debe ser aclarado en el proceso de la revisión de la cuenta pública.
Entre las instituciones señaladas, se encuentra el Gobierno del Estado con al menos 31 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 más del Colegio de Bachilleres, 4 de la Universidad Tecnología de Juárez y otras 3 del Congreso del Estado.
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