Juez amparó a ex ministerio público involucrada en caso Ayotzinapa

Un juez federal amparó a Blanca Alicia Bernal Castilla, quien era Ministerio Público y fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con lo informado por Milenio, la sentencia de Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso en relación al delito de desaparición forzada de personas.

Vargas Alarcón ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Oriente celebrar una audiencia donde resuelva la situación jurídica de la agente del Ministerio Público Federal que estuvo adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En septiembre de 2020, Blanca Alicia Bernal Castilla fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura en agravio de Agustín García Reyes, “El Chereje” - señalado como uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y presuntamente involucrado en el homicidio y desaparición de los 43 normalistas- además de que también se le atribuyó delitos contra la administración de justicia y falsificación de documentos agravados.

El medio destacó que la sentencia ya fue impugnada por la FGR, pero también por la misma acusada, ya que el juez no le concedió el amparo contra los demás delitos, por lo que ahora, un Tribunal Colegiado deberá revisar el caso, en tanto que Bernal Castilla permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

La acusación contra Bernal Castilla derivó de la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014, cuando Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, trasladó a “El Chereje” al Río San Juan, ubicado en Cocula, Guerrero.

Blanca Alicia Bernal supuestamente firmó un oficio donde autorizó a la Policía Federal Ministerial cesar la custodia del presunto sicario para llevar a cabo una diligencia en la mencionada localidad. Sin embargo, la FGR la responsabiliza por no encabezar dicha diligencia.

La exagente también está imputada por la tortura a “El Chereje”, ya que dictámenes médicos registran lesiones que tenía cuando fue puesto a disposición de la Policía Federal Ministerial.

A siete años de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El próximo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, quienes de acuerdo con la “verdad histórica” del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos fueron aventados en bolsas al Río San Juan.

A unos días de que se cumpla el séptimo aniversario de su desaparición, las autoridades mexicanas han desplegado una estrategia de búsqueda en ocho municipios de Guerrero para dar con indicios que lleven al paradero de los normalistas.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que la Comisión y la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) han realizado 53 acciones de búsqueda donde detectaron diferentes zonas para el hallazgo de restos.

“No solo es Cocula o no es Iguala, es toda una región donde hubo una operación, que la información que nosotros estamos integrando nos demuestra que operaron en distintos sitios”, explicó el funcionario en conferencia desde la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero donde supuestamente ocurrió la incineración de los jóvenes.

Sin embargo, Encinas advirtió que esa nueva versión no es concluyente y forma parte de las indagatorias abiertas para localizar a los normalistas. Aunque también aseguró que seguirán las búsquedas en distintos municipios guerrerenses, incluidos dos puntos más que han sido identificados.

Por su parte, Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa, agregó que la Barranca de la Carnicería representa una esperanza en las investigaciones, debido a que las averiguaciones de la administración de Enrique Peña Nieto resultaron una suma de irregularidades que obstruyeron el acceso a la justicia a los familiares.

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