La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), anunció que interpondrá denuncias penales por diversos delitos federales ante la “persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla”.
Mediante un comunicado, recordó que el mandato fechado el 16 de julio, obligaba a la JCIAP a entregar el campus de la Universidad de las Américas Puebla, su administración y cuentas bancarias al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Ante esta situación, la Fundación Mary Street Jenkins acusó que la actuación del gobierno de Puebla va encaminada a “apropiarse de un bien privado”, por lo que constituye “una expropiación de facto” de la Universidad de las Américas Puebla.
Aseguró que el mandamiento emitido por el Poder Judicial de la Federación “tiene efectos amplios y demuestra con claridad una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Juzgado Federal ha detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus de Cholula, en la que participó la Policía Estatal armada”.
La Fundación señaló que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada “ha sido responsable de diversos atropellos, como imponer un patronato espurio que, a su vez, nombró de manera ilegítima a Armando Ríos Piter como presunto nuevo rector de la UDLAP, pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la Universidad”.
Enfatizó que “la desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo, en sí mismas representan conductas ilícitas y distintos delitos federales, que han sido cometidos durante la incursión del pasado 29 de junio en la UDLAP, tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial”.
En el comunicado también destacó el tema de las órdenes de aprehensión que, aseguró, fueron “patrocinadas” desde el gobierno de Puebla.
“Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de amenazas, la presencia física de autoridades universitarias en sus instalaciones”.
La Fundación Mary Street Jenkins acusó enérgicamente los señalamientos “sin pruebas para sostener una campaña dolosa que usa la fuerza del Gobierno estatal para normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho”.
Aseguró que “la verdad legal y la razón asiste a la Fundación Mary Street Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para esta institución”, aseguró.
Por último, insistió que existe una “campaña dolosa” en su contra, la cual -aseguró- es usada por el gobierno de Puebla para “normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho”.
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