Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, delineara sus tres reformas constitucionales prioritarias para la segunda parte de su mandato, la oposición partidista inmediatamente reaccionó este lunes y aseguró que el mandatario no pasará tan rápido sus propuestas como en el pasado.
El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, sentenció que, ante la insistencia en las pretensiones del titular del Ejecutivo Federal de modificar la Constitución en materia energética, de seguridad y electoral, la coalición legislativa “Va por México” no permitirá que ninguna reforma dañe a las y los mexicanos.
El líder perredista se refirió a la alianza opositora que encabezan el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD. “Al contrario, en el Congreso de la Unión defenderemos los derechos de la ciudadanía y la democracia en el país” expresó Zambrano.
“Es una irresponsabilidad y una actitud acorde con sus pretensiones dictatoriales que, sabiendo que la población está padeciendo una violencia desmedida en el país, la falta de medicamentos, empleo, salarios dignos y violencia en contra de las mujeres, López Obrador centre su atención en impulsar estas reformas constitucionales”, expresó.
Zambrano advirtió que, respecto a la reforma energética con la que se pretende garantizar el control absoluto de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), “es un anacronismo” que solo traerá más corrupción, así como el abandono de la inversión en energías limpias, no contaminantes y un atentado contra la capacidad de producción y la competitividad de las empresas.
Esto, añadió, también provocaría un incremento excesivo en el costo de la luz, afectando a los más vulnerables, a la vez que menos generación de empleos. “Por eso lo decimos claro: no van a pasar, las vamos a frenar”, aseguró.
En relación con el anuncio que hace meses hizo el presidente de la República y que reiteró sobre adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Zambrano insistió en que lo que urge es el cambio de estrategia, no de andar moviendo a los elementos de una dependencia a otra y mucho menos adscribirla al Ejército, con lo que se militarizarían de lleno las funciones policiales.
“Que ya abandone la estrategia y el discurso de los abrazos y no balazos. A las bandas delincuenciales hay que combatirlas, no consecuentarlas (…) donde ahora los criminales humillan a las fuerzas armadas. Con esa estrategia, la Guardia Nacional es un ente inservible”, manifestó.
Finalmente, en relación con un reforma en materia electoral, el dirigente nacional del PRD le recordó que los más tramposos y “mapaches” de esta elección fueron de su partido “¿O ya se les olvidó que Morena usó la vacuna y programas sociales con fines electorales al través de su ejército electoral de los mal llamados Servidores de la Nación?”, cuestionó.
Irónicamente, en el pasado, Zambrano fue uno de los aliados más cercanos a López Obrador, a quien desde el PRD apoyó en dos ocasiones, en 2006 y 2012, rumbo a la presidencia de México, que ganaría apenas en 2018 de la mano de Morena, el partido que el actual mandatario fundó hace nueve años cuando tuvo su ruptura con el PRD.
Y es que, más temprano este lunes, AMLO, como se le conoce al presidente por las siglas de su nombre, adelantó las prioridades para el Congreso de la Unión que reconvendrá en septiembre para comenzar los trabajos de la LXV Legislatura (2021-2024), que ocupará la segunda parte del mandato del tabasqueño.
En su habitual conferencia matutina, López Obrador se refirió a la reforma eléctrica pendiente para “fortalecer” a la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En segundo lugar, mencionó la transición de la Guardia Nacional, la corporación que sustituyó en 2019 a la Policía Federal; y por último, mencionó una reforma electoral para “eliminar definitivamente” los fraudes electorales en el país.
Pero Morena, con mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y en el Senado, necesitará de al menos una parte de la oposición para poder avanzar cambios constitucionales, para los que se requieren mayorías calificadas, es decir, de dos tercios en los votos.
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