Ley Barbosa: acusaron al gobierno estatal de intentar controlar la Universidad de las Américas en Puebla

De acuerdo con el columnista, Mario Maldonado, el gobierno estatal no solo busca apoderarse de miles de millones de pesos, sino de la infraestructura universitaria

(Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro/ Archivo)
(Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro/ Archivo)

El pasado martes 29 de junio, elementos policiacos tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP, una institución privada), que se ubica en el municipio de Cholula. Fueron los propios universitarios quienes hicieron pública la presencia de los uniformados en la instalación educativa.

De acuerdo con las primeras versiones, se dijo que existe una orden de desalojo derivado de una disputa legal con la familia Jenkins por la marca y el logotipo de la universidad.

El abogado Guillermo Barradas señaló que el 28 de junio, autoridades judiciales de la Ciudad de México y de Puebla ordenaron que se restituyera a la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones de la UDLAP. El fallo también incluye la realización “inmediatamente” de una auditoría legal, fiscal y contable de la administración universitaria.

Pero de acuerdo con el periodista Mario Maldonado, las verdaderas razones son otras. Y es que -reveló en la columna que escribe en El Universal-, que el gobierno estatal, encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa, estaría intentando apoderarse no sólo de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, sino de una infraestructura universitaria de índole privada que ha convertido a la zona de Cholula en uno de los espacios más atractivos para la educación superior.

udlap (Foto: Instagram@udlap)
udlap (Foto: Instagram@udlap)

Maldonado señaló que entre sus primeras acciones, “el gobierno de Luis Miguel Barbosa redactó y presionó a su Congreso estatal para aprobar, el 15 de mayo de 2020, la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la que pretendió apropiarse de bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares de su entidad, a través del artículo 105 de su legislación que estableció que la infraestructura de la educación particular con reconocimiento de validez oficial formaría parte del Sistema Educativo Estatal”.

El columnista apuntó que con la llamada Ley Barbosa, el morenista buscó controlar el nivel y el destino de las colegiaturas que se cobran en las escuelas privadas, así como imponer multas cercanas al medio millón de pesos a las instituciones que, por falta de pagos, retuvieran documentos a estudiantes o no les brindaran el servicio.

“La UDLAP debía ser la primera institución sobre la que actuara el Estado autoritario de Barbosa, y no sólo porque esa Universidad tiene vínculos con el candidato con el que disputó la gubernatura en 2019, Enrique Cárdenas, presidente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, quienes tuvieron bajo su control por años la administración de la Fundación Mary Street Jenkins, sino porque alrededor de esa institución existen desde hace tiempo, muchos intereses de tipo económico y reputacional que tocan a varios funcionarios de la administración pública estatal y federal”, destacó Maldonado.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El periodista recordó que en su mismo espacio de opinión, se denunció el conflicto de interés que existe con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “quien ha mantenido una disputa con la UDLAP por el nombre, el logo y el lema de la institución; un conflicto en el que aparece, según documentos a los que ha tenido acceso este columnista, como propietario y Rector de la Universidad de las Américas AC., y en el que el representante legal de esta segunda institución, con sede en la CDMX, sigue siendo Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales”, resaltó.

Mario Maldonado aseguró que esto también forma parte del proyecto que emprendió el finado exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, “para apropiarse de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, una intentona que fue recogida y perpetuada por el gobierno de Barbosa a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, la cual pretende apoderarse de la administración de unos 14 mil millones de pesos que la familia Jenkins sacó del país para evitar que las autoridades pusieran las manos sobre la fortuna que forjó su abuelo William Oscar Jenkins. A la postre, ese movimiento de recursos fue el detonante de sus órdenes de aprehensión giradas desde la FGR”, aseveró.

El columnista finalizó destacando que en esta cruzada contra la familia Jenkins, Luis Miguel Barbosa cuenta con la asesoría legal del despacho Accuracy Legal and Consulting SC, representado por Roberto Juárez Salinas; el mismo que ha asesorado al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca en sus negocios energéticos.

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