El día de hoy, la policía estatal desalojó las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en el proceso de devolver al Patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión de las instalaciones educativas. Esto ocurre a partir de un juicio ordinario promovido desde el mismo patronato “con el propósito de recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins”.
Y es que la UDLAP forma parte del legado de uno de los empresarios extranjeros más acaudalados (y controversial en la misma proporción) de México: William Oscar Jenkins. Este personaje, originario de Tennessee, Estados Unidos (EE.UU.), en algún momento fue el propietario de casi todo el territorio que actualmente comprende el ingenio azucarero de Atencingo, en Puebla, lo que le permitió producir grandes cantidades de alcohol en el contexto de la Ley seca en los EE.UU. que prohibía el consumo de dicha sustancia. Previamente, Jenkins ya había amasado una pequeña fortuna en la industria textil mexicana.
Además, Jenkins llegó a monopolizar la industria de las salas de cine en México. En algún punto, el empresario llegó a ser propietario de cerca del 80% de las salas de exhibición que se repartían por el territorio. Esto, además, mientras la época de oro del cine mexicano estaba en su apogeo. Según diversos historiadores, entre los que se encuentra el escritor Andrew Paxman, con el monopolio de los cines fue que Jenkins alcanzó la cima de la opulencia; la cual, según relatan, no se apreciaba en su persona, pues gustaba de prendas cómodas, resistentes y duraderas, sin invertir tanto en la elegancia.
Las controversias en la vida de William O. Jenkins comenzaron cuando en 1917, siendo un agente consular de los EE.UU. en México, las fuerzas revolucionarias de Manuel Peláez lo secuestraron. El caudillo pedía al gobierno de Venustiano Carranza la suma de 300 mil pesos en oro para su rescate.
El periodista Miguel Gil logró encontrar al empresario y obtener una entrevista durante el secuestro. En la publicación que resultó de ese hallazgo, Gil acusó a Jenkins de haber organizado un autosecuestro para obtener parte del dinero del rescate. Aunque estas acusaciones no fueron comprobadas por las autoridades, se dice que del rescate con el que cedió Venustiano Carranza (debido a la presión por parte del gobierno de los EE.UU.) Peláez dió la mitad del dinero a Jenkins a manera de agradecimiento.
Más adelante, la relación de Jenkins con el gobierno mexicano siguió siendo áspera. Durante la repartición de tierras en el gobierno de Lázaro Cárdenas, el estadounidense tuvo que ceder buena parte de sus plantaciones azucareras para que fueran repartidas. Sin embargo, él cuenta que siguió obteniendo dinero de esas tierras, pues era con su dinero que se financiaban los cultivos. También, el presidente Abelardo L. Rodríguez aplicó el Artículo 33 Constitucional a Jenkins para expulsarlo, al considerarlo una amenaza por la cantidad de dinero y poder que acumuló por su monopolio cinematográfico.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano por controlar parte de la fortuna del empresario, William O. Jenkins murió siendo un multimillonario. Sin embargo, decidió no dejar una herencia para sus hijos, sino que destinó todo su dinero a la Fundación Mary Street Jenkins (el nombre de su esposa) para que fuera destinado explícitamente a obras en favor de los habitantes de Puebla y México.
Es el dinero de esa Fundación el que ahora se encuentra en disputa. Según un comunicado de la misma, el principal personaje detrás de las acusaciones en contra de la familia Jenkins de Landa es el primogénito de dicho linaje: Guillermo Jenkins de Landa. Entre las acusaciones, según diversos medios, está el lavado de dinero por parte de varios de sus hermanos para hacerse del control del dinero que pertenece a la fundación y que está específicamente destinado para obras de beneficencia.
Parte de ese dinero, por ejemplo, está destinado a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, cuyo patronato tomará la posesión de la escuela superior mientras se resuelven los procesos judiciales.
Actualmente, Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elonia Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández son prófugos de la justicia, según el abogado Guillermo Barradas, consultado por Milenio.
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