Juan Carlos Romero Abraham, jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal en el municipio de Esperanza, Puebla, fue detenido por agentes del Ejército en posesión de diversos narcóticos.
De acuerdo con reportes locales, el mando policial llevaba consigo hasta 300 dosis de droga, incluidas marihuana, metanfetaminas y cocaína, además de diversas bebidas alcohólicas. También se le localizó un arma de fuego con 30 cartuchos útiles.
Miguel Barbosa Huerta, gobernador de la entidad, confirmó en su conferencia matutina de este 26 de mayo que el agente fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, dependiente de la Fiscalía General de la República. Y calificó el hecho como algo “muy bochornoso”.
“Eso obliga a la Policía Estatal a hacer una revisión completa de todas sus bases de operaciones, de todas, y a quien sea responsable de esas bases de operaciones, evalúe yo su presencia en la Policía Estatal”, advirtió el ejecutivo morenista.
Según dejó ver en sus expresiones, el arresto de Juan Carlos Romero Abraham provocó una reacción de enfado e intolerancia en el gobernador.
Barbosa aseguró que este mismo miércoles 26 de mayo, a las 10 de la mañana (tiempo local), tendría una cita con todo el Sistema de Seguridad Pública para tratar el tema del comandante de Esperanza.
Cabe recordar que en 2015 fueron detenidos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director general de la Policía Estatal y encargado del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente.
Ambos fueron asegurados por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional porque custodiaban, a bordo de una patrulla oficial, una camioneta cargada con gasolina de procedencia ilícita en Tepeaca. Fueron procesados y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, presentó su renuncia a los dos meses.
Cabe destacar que Puebla no es ajena a los grupos del crimen organizado. Por ejemplo, en la capital, la policía estatal mantiene el control de la seguridad, porque está asediada al menos por cuatro cárteles con alcance transnacional.
El pasado 24 de marzo, Miguel Barbosa renovó, un año más, el decreto que le permite disponer del control de las fuerzas del orden en la ciudad, pues también argumentó que los índices delictivos no habían disminuido.
Según publicó en el Periódico Oficial del Estado, sus argumentos están sustentados en informes reservados de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, Fiscalía General de la República y de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Por un lado, el morenista justificó que autoridades federales continuaban reportándole la operación de grupos delincuenciales con cárteles de la droga que llevan años en Puebla.
Principalmente, remanentes de Los Zetas y de la Familia Michoacana, los cuales no han desaparecido del radar y solo se han fragmentado en regiones donde tuvieron su apogeo. La DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera siguen reportando la influencia de estos grupos criminales en diversas entidades, como en ciudades de EEUU.
El gobernador publicó que células de los Beltrán Leyva también mantienen sus actividades ilícitas en la entidad. A su vez, incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
Incluso identificó que ambos cárteles operan en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y, en particular, la ciudad de Puebla. Pero también ha destacado la presencia del Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito.
De acuerdo con el diagnóstico, el CJNG estaría interesado en las ganancias económicas que deja el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo.
Además, sus prioridades estarían en la incursión de otros mercados e ilícitos, como la venta de drogas, el cobro de extorsiones a comerciantes y locatarios, así como la trata de personas. Aunado delitos de alto impacto vinculados con asesinatos.
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