El Senado mexicano aceptó este jueves los cambios que los diputados realizaron la semana pasada al dictamen con el que se crea la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), que en San Lázaro fue criticada por estar hecha a la medida del fiscal Alejandro Gertz Manero y cuya nueva creación deja de lado a las víctimas, según organizaciones civiles.
Con 109 votos en favor, siete en contra y una abstención, el Pleno del Senado avaló, en lo general y en lo particular, los cambios que realizó la Cámara de Diputados al proyecto para expedir la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.
Desde San Lázaro, devolvieron, con algunas modificaciones, la nueva legislación que establece los principios rectores de la FGR y que regula su funcionamiento, a fin de establecer la facultad de la Fiscalía para atraer casos del fuero común, en los supuestos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes aplicables.
Asimismo, para precisar en la Ley que la víctima podrá solicitar a la FGR que se ejerza dicha facultad. Aunque los colectivos alzaron la voz ya que la Fiscalía determinará con autonomía los alcances de la dependencia con respecto a la búsqueda de desaparecidos, entre otros.
De la misma manera, se incluyó la facultad de atracción cuando se trate de asuntos de trascendencia social. Esta atribución deberá ejercerse obligatoriamente cuando exista una declaración de violaciones graves a los derechos humanos.
Otra de las modificaciones, que senadoras y senadores avalaron, es la que garantiza, en toda investigación y proceso penal, los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables.
Para ello, señala que las víctimas y sus asesores podrán formular propuestas de líneas de investigación para que sean tomadas en consideración, dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de éstos en forma física o magnética, garantizar su derecho a presentar peritajes independientes, así como brindarles la protección y asistencia a la que tienen derecho, entre otras.
La senadora Martha Lucía Micher, de Morena, el partido de la mayoría, votó a favor del dictamen, bajo protesta, pues “sigue sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas y no integra de manera plena a la FGR a los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos”. Expresó el compromiso de presentar en el futuro, junto con los colectivos de víctimas, reformas al nuevo ordenamiento.
El senador José Narro, de la misma fracción parlamentaria, coincidió con votar a favor de este dictamen, bajo protesta, porque México requiere, aunque sea, un avance mínimo. “Continuaremos trabajando para presentar nuevamente un planteamiento que recoja el sentir de las víctimas y de miles de mexicanos que reclaman justicia”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, comentó que la reforma abonará a un mejor funcionamiento de la FGR, pues garantiza su autonomía y la correcta ejecución de sus atribuciones. “Esperamos que realmente contribuya a mejorar y modernizar nuestro sistema de procuración de justicia”.
Del aliado de Morena, el PT (Partido del Trabajo), el senador Miguel Ángel Lucero, afirmó que es responsabilidad del Congreso dotar a las autoridades de las herramientas para garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita y de calidad, así como para que garantice la reparación del daño a las víctimas.
A nombre del Grupo Parlamentario del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática), el senador Omar Maceda Luna celebró la aprobación del nuevo ordenamiento, pues hace más ágil el funcionamiento de la procuración de justicia.
Sin embargo, para el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza esta ley no atiende a plenitud los reclamos de las víctimas y sus familiares. Consideró que el Estado no puede seguir regateando a las víctimas la deuda que tiene con ellas. Asimismo, el Pleno rechazó sus propuestas de modificación al dictamen.
El proyecto, que también abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y reforma diversas disposiciones de 65 ordenamientos legales, fue remitido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para su firma, publicación y entrada en vigor.
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