“Es un juez de contentillo que actúa de quedabien”: Mejía Berdeja defendió el polémico padrón de datos biométricos y se lanzó contra Gómez Fierro

“En su afán de andar de ´quedabien´, confunde lo que es la geolocalización, de donde surge la llamada, con quien está de titular de la línea telefónica”, señaló el subsecretario de Seguridad Pública

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El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que el objetivo del polémico padrón de datos biométricos es para utilizarlo en un modelo de seguridad, no de ventas, como lo defienden los que se oponen a dicho padrón.

“Los delincuentes se cobijan en el anonimato de los sistemas de telefonía de prepago”, aseguró este miércoles el subsecretario de Seguridad.

“¿Por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad”, agregó.

(Foto: Cortesía Presidencia)
(Foto: Cortesía Presidencia)

Mejía Berdeja señaló que el anonimato de los sistemas de prepago, es con lo que los delincuentes se cobijan para cometer extorsiones y otros delitos.

“Vamos a ampliar el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), el principal objetivo de este padrón es la seguridad. Es importante señalar que en el anonimato en los sistemas de prepago, que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata de personas y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas”, apuntó.

Hizo hincapié en que 9 de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas por celulares de prepago, asimismo dijo que se han documentado 20 de estos números en algunos casos de secuestro.

El subdirector de Seguridad defendió el padrón de celulares aprobado por el Senado de la República, y criticó la actuación del juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó amparos para la suspensión provisional contra dicha medida; mismo que otorgó igual recurso para la Ley de la Industria Energética.

Un agente de policía coloca su dedo en un escáner de huellas dactilares. EFE/Focke Strangmann/Archivo
Un agente de policía coloca su dedo en un escáner de huellas dactilares. EFE/Focke Strangmann/Archivo

Es importante señalar que 155 países tienen ya registro obligatorio de teléfono móvil. Y hablamos de países de diferente índole y naturaleza política, ideológica o geográfica tales como India, Japón, Alemania, Francia, Singapur, Italia, China, España, Perú, Argentina y Bélgica, estos son digamos algunos de los países.

Sin embargo, ha sido tal el interés por privilegiar las ventas sobre la seguridad que ya un juez a modo, un juez por encargo, el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo que actúa de quedabien, este juez, sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene seis meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional, que evidentemente se va a combatir.

Pero, en su afán de andar de quedabien, confunde lo que es la geolocalización, de donde surge la llamada, con quien está de titular de la línea telefónica”, aseveró Mejía Berdeja durante la mañanera de este miércoles.

(Foto: Pixabay)
(Foto: Pixabay)

Gómez Fierro otorgó este martes la primera suspensión provisional contra la obligación de registrar datos biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que entró en vigor el 17 de abril tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Hace una semana, el Senado mexicano aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el citado padrón con la información de los usuarios.

Además, ese listado contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información.

La medida cautelar otorgada este martes “es para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro”.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, señaló que la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut “podría no ser idónea ni proporcional”.

“Ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, apuntó.

Además, puede afectar derechos humanos como el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

En su fallo, el juez dijo que, si bien es cierto que dicha incidencia “persigue un fin constitucionalmente legítimo”, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos, recordó que la finalidad del Panaut “es crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil”.

Esto para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos.

(Foto: Pixabay)
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En la reforma a la ley, se apuntó también que los concesionarios dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos y aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.

Con esto, México se apuntó como uno de 20 países del mundo que exige los datos biométricos, que incluyen las huellas digitales y el iris.

La iniciativa fue propuesta del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que justificó su necesidad para combatir las extorsiones telefónicas, secuestros y el crimen organizado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, argumentó en su rueda de prensa matutina que “está de por medio la seguridad y no puede haber ningún negocio por encima de la seguridad del pueblo”.

Mientras que Senadores de oposición anunciaron que impugnarán la nueva normativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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