
Sin unidad en Morena, el partido en el poder, y con intensas críticas de la oposición, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este lunes por mayoría simple de 12 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que pasó al Pleno para su discusión y posible aprobación.
El documento, avalado en reunión semipresencial y enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro para seguir el proceso legislativo, abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos. Las reservas, acordaron en la comisión, serán desahogadas en el Pleno.
La finalidad del dictamen es crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, el cual se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.

Precisa que todas las referencias normativas a la Procuraduría o Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular y que se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la celebración de acuerdos interinstitucionales que se relacionen con sus atribuciones.
La presidenta de la comisión de Justicia, María del Pilar Ortega, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), destacó que el dictamen ha involucrado un esfuerzo importante en cuanto a la recuperación de las opiniones vertidas de distintos sectores de la sociedad y representantes de víctimas de desaparición, quienes expresaron que la ley tiene inconsistencias en cuanto a sus derechos más elementales.
Sin embargo, criticó, se trata de un proyecto que para su construcción “no tomó en cuenta la opinión de la Cámara de Diputados en cuanto al diagnóstico que la FGR debió haber hecho para formular una iniciativa de reforma que incluyera una nueva ley”. Si bien se agotó ese diálogo en el Senado de la República, no fuimos partícipes”, agregó.

La diputada panista recordó que la comisión de Justicia, durante el trayecto del trabajo legislativo, se caracterizó por priorizar la protección de los derechos humanos, le ha dado importancia al cuidado de los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio y la ponderación de mejores mecanismos que garanticen el acceso a la justicia. “Aprobar este dictamen, sin cambios, contravendría la posición que hemos tomado como comisión”, concluyó.
Por su parte, la diputada morenista Lorena Villavicencio puntualizó que la Fiscalía no ha entendido que investigar y buscar es parte del mismo proceso. En el país, hay más de 99,000 víctimas, las cuales han sido revictimizadas por las instituciones. “Esta versión de Ley Orgánica no fortalece las atribuciones para dejar de ser un país de víctimas, es innecesaria. Es vital escuchar al Fiscal y mantener su participación en la búsqueda y en la facultad de atracción”, sentenció.
El diputado Rubén Cayetano García, también de la mayoría, mencionó que su voto sería en abstención, porque en el Pleno podrá presentar reservas para lograr que el dictamen mejore, ya que a la FGR le faltó labor de convencimiento y diálogo para llenar las expectativas de su propuesta.
Por último, el legislador panista José Elías Lixa puntualizó que el dictamen es un error y confió en que en la discusión del Pleno puedan transitarse algunas reformas. Mencionó que expertos y víctimas lo consideran como un retroceso para los derechos humanos. “Voy en contra y así lo haré también en el Pleno. Hago un llamado a todas y todos los diputados a enterarse de manera muy particular sobre lo que se está aprobando”, dijo.
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