
En medio de la polémica que desató el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de dudar sobre la independencia de los jueces que concedieron las suspensiones otorgadas contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, volvió a pronunciarse al respecto.
A través de su cuenta de Twitter, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que dicho organismo garantizará que los juzgadores federales actúen con independencia, autonomía y libertad.
Cabe recordar que hace unos días, López Obrador le pidió investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue el primero en declarar inconstitucional la LIE y acusó de actuar como un “empleado subordinado de las empresas particulares”.
“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero [...] sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo el jefe del Ejecutivo.
En respuesta, el ministro Zaldívar señaló que, conforme al procedimiento habitual, la queja que presentó el titular del Ejecutivo federal sobre el actuar del juez sería remitida al área correspondiente del Consejo.

“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autónoma e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen [...] Es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la le, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad”, planteó en la misiva que Zaldívar envió al Presidente.
Sin embargo, estas declaraciones del presidente detonaron una serie de reacciones de analistas jurídicos de México y el extranjero, varios de ellos alertaron de que más que una impugnación de AMLO, fue un linchamiento mediático.
Asimismo, el mensaje se emite este miércoles luego de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es importante mencionar que hasta el momento hay al menos 25 suspensiones provisionales a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovidas por actores privados.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía por encima de otros participantes del mercado.
Y es que la empresa dirigida por el polémico Manuel Bartlett reportó que en 2020 tuvo pérdidas netas por casi 80 mil millones de pesos. La CFE no había entregado números en rojo desde 2015, de acuerdo con la información que detalla la propia compañía y es recopilada por Bloomberg.
Además tiene ya que pagar grandes deudas. En su informe 2020 a inversionistas destacó un perfil de vencimiento de deuda por 50 mil 349 millones de pesos para este 2021.
Para eso puede resultar útil devolver a la empresa eléctrica un monopolio con la nueva ley. Si en la práctica es otra vez la única que cobra la electricidad a los mexicanos, suben las oportunidades de recibir ingresos. Sin importar cómo sea producida esa electricidad.
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