Qué problemas traería la creación de padrón de usuarios de celulares: expertos advirtieron a senadores

Expertos y autoridades involucradas advirtieron y defendieron por igual los riesgos y las necesidades con respecto a la creación de un padrón a nivel nacional de usuarios de celulares, luego de que en diciembre pasado se aprobara una reforma en la Cámara de Diputados en la cual dicho registro sería obligatorio y contendría datos biométricos de las personas.

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos del Senado analizaron este martes, con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de empresas del sector, una reforma que propone establecer un “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.

En una mesa de trabajo a distancia, la senadora Lucía Meza, de Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, explicó que el encuentro se realizó para abordar los alcances de la minuta que envió la Cámara de Diputados y que busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ana de Saracho, representante de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), subrayó que no está comprobado que un registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. Así, acotó, sucedió hace 10 años con la implementación del Registro Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, que tampoco cumplió con este objetivo.

Mónica Chávez, también de la CANIETI, reconoció que las llamadas de extorsión representan un grave problema y que constituyen el segundo delito del fuero local mas recurrente del país, cometido en 14 estados, cuya ganancia a la delincuencia en el 2018 fue de 12 millones de pesos.

Advirtió que la minuta no es la solución ni brinda resultados efectivos a corto plazo, por lo que el tema tiene que atenderse en conjunto: Congreso, Secretaría de Seguridad y el IFT, con proyectos donde prevalezca el interés social y no a través de iniciativas que violen, entre otros aspectos, la privacidad de datos personales.

El documento aprobado le otorga las atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como su operación, regulación y mantenimiento. Además, el IFT deberá “establecer los procedimientos para validar la información que debe incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que establezca para tal efecto”.

El padrón, define el dictamen, “es una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuente con números del Plan Técnico Fundamental de Numeración”, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.

Los argumentos para la creación del padrón, de acuerdo con los legisladores, es el de “colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia por la comisión de delitos en los términos aplicables”.

Sin embargo, la aprobación de este proyecto fue duramente criticado por organizaciones civiles. “Constituye un serio riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía”, aseguró R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) cuando el documento avanzó en comisiones en San Lázaro.

El padrón contendrá 10 datos diferentes: el número de línea telefónica móvil; la fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida con la tarjeta SIM; el nombre completo, o en su caso, denominación o razón social del usuario; su nacionalidad; su número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea.

Además, contendrá los datos biométricos del usuario, o en su caso, del representante legal de la persona moral; el domicilio del usuario; los datos del concesionario de telecomunicaciones, o en su caso, de los autorizados; y el esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea postpago o prepago.

“En términos generales, el padrón representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro”, alertó R3D, en referencia al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Frente a esta situación, representantes de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), reconocieron que comparten el compromiso del Gobierno Federal para erradicar delitos como la extorsión, con leyes que protejan a la población.

Incluso Gabriel Székely, de la ANATEL, dio a conocer que se acordó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y con la Consejería Jurídica de la Presidencia, un mecanismo alterno que alcanza los objetivos de la iniciativa, a través de la línea de denuncia 089, en materia de seguridad, sin necesidad del uso de datos biométricos.

Aunque la modificación obligaría al dictamen a primero aprobarse en comisiones y en el Pleno del Senado, para luego regresar a la Cámara de Diputados para que ésta revise solamente las partes diferentes al proyecto que se aprobó en primer lugar en San Lázaro, alargando un proceso justamente a unas semanas del final de la LXIV Legislatura.

Por su otra parte, el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava, reconoció la necesidad de adoptar mecanismos que garanticen el combate a la extorsión. Señaló que la iniciativa promueve un esquema de contratación complejo y con requisitos de difícil cumplimiento para un amplio sector de la población.

El comisionado del IFT, Sóstenes Díaz, apuntó como desventaja de la propuesta, el costo de su implementación y la administración de la base de datos. Agregó que se deben buscar sinergias con otras propuestas como la de Cédula de identidad, para reducir los costos y no duplicar bases de datos; además de hacer una reflexión más profunda para proteger la información y privacidad de los usuarios.

En cambio, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, alertó que los sistemas de prepago de telefonía son un grave peligro, debido a que no existe ningún requisito, ni control, lo que ha permitido a grupos criminales operar con gran flexibilidad.

“Por eso buscamos que se tenga un registro, un padrón, para que sepamos quién está detrás de esas líneas”, apuntó. El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSP, Ignacio Hernández, añadió que con la reforma que se analiza, en ningún caso se pretende vulnerar la presunción de inocencia.

El análisis de la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados seguirá en análisis en comisiones, para que, una vez determinada la viabilidad de aprobarlo, sea enviado al Pleno con las modificaciones que los legisladores consideren pertinentes.

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